La denuncia fue presentada ante la Justicia provincial por el abogado Muro Ompré, en representación de los vecinos de localidades de las sierras chicas, por el presunto delito de 'estrago doloso agravado', figura penal que también alcanza al director de Defensa Civil, Diego Concha.

"Todo se podía haber evitado, las muertes, los daños materiales y las serias secuelas en las familias damnificadas", consideró el letrado Ompré al referirse a los 11 muertos y los graves daños materiales, particularmente a los centenares de viviendas destruidos en su totalidad.

Ompré también dijo a los medios locales que el Gobierno de la provincia estaba al tanto de un informe de la Universidad Nacional de Córdoba(UNC) que "ya había advertido sobre la posibilidad de lo que ocurrió, incluso había sugerido las soluciones pero nada se hizo".

En ese sentido añadió que el Gobierno de De la Sota tenía la información para accionar con un sistema de alerta temprana para prevenir los estragos, "pero nada se hizo, aun cuando cuentan con el presupuesto para hacerlo", sostuvo el abogado que patrocina a los denunciantes.