De forma unánime, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza integrada por los jueces Jorge Nanclares, Herman Salvini, Julio Gómez, Omar Palermo, Alejandro Pérez Hualde, Mario Adaro y Pedro Llorente; dictaminaron que la llamada “ley antiminera” es constitucional.

Se trata de la ley Nº 7722 que limita la minería a cielo abierto con uso de cianuro en todo el territorio provincial y que fue fruto de una larga pelea entre sectores ambientalistas y empresarios con intereses en la región.

Vale recordar que el sector minero había acudido a la Justicia una vez que se sancionara la norma, acentuándose el debate entre quienes defendían la ley proteccionista del suelo y aquellos que la consideraban discriminatoria para los empresarios. La Corte se mantuvo al margen y dilató el dictamen.

No obstante, en el mes de septiembre, el Procurador Rodolfo González anticipó de alguna manera el reciente fallo, cuando se inclinó a favor de la constitucionalidad, planteando que la 7722 “no detiene la minería ni el progreso, sino por el contrario haciéndolo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras”.

En ese momento, indicó además que “sería moralmente inaceptable privilegiar la utilidad económica sobre la integridad psicofísica del ser humano”.

En esta misma línea, la totalidad de los jueces de la Suprema Corte votaron en contra al pedido de las mineras en la resolución que se dio a conocer el miércoles.

En las redes sociales los grupos defensores del medioambiente celebraron la decisión judicial como “una victoria de la vida sobre la megaminería contaminante”.

Por su parte, en diálogo con Radio Jornada (FM 91.9), el presidente de la Cámara de Servicios para Empresarios Mineros, Carlos Ferrer, se manifestó en contra de la resolución.

“No solamente perjudica a un sector, porque todos sabemos cómo está el país y la provincia por la falta de trabajo y cómo se necesita de todos los sectores para levantarla”, dijo.

Ferrer explicó que “el fallo no tiene nada de técnico ni de jurídico, sino que se falla conforme a lo políticamente correcto. Veladero (San Juan) le dio a la Corte de Mendoza un empujón hacia atrás”.

“Planteamos un desarrollo de la industria en conjunción con las demás, porque esto no es una guerra, es un daño irreparable para la provincia y para el país”, señaló el empresario; al tiempo que opinó: “la solución no es proscribir a la actividad minera, sino observar lo que hacen otros países para hacerla sustentable”. (InfoGEI) Ga