Abarca siete carillas, en letra chica y sin espacios entre línea y línea. Acumula una denuncia tras otra sobre cómo distintas dependencias nacionales, provinciales y porteñas buscan imponer a los empleados que militen y voten a favor de los candidatos Daniel Scioli y Mauricio Macri

Una dice lo siguiente: "El 4 de noviembre se recibió una denuncia sosteniendo que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada; el secretario de Empleo, Matías Barroetaveña, y el subsecretario de Políticas de Empleo, Pablo Cano, citaron a los empleados del Ministerio y los arengaron a votar y hacer campaña para Scioli, bajo amenaza de que en caso de que ganara Macri, perderían su trabajo".

Otra detalla: "El 6 de noviembre se recibió un llamado anónimo para informar que en la Dirección General de Protección del Trabajo (CABA) obligaban a los empleados a ser fiscales de Cambiemos y les advirtieron que en caso de negarse los iban a despedir".

Esas dos denuncias -y cerca de 200 más- salieron a la luz gracias a la campaña "Que no te ponga la camiseta", que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Poder Ciudadano lanzaron para que los empleados públicos de todo el país -y de los niveles nacional, provincial y municipal- puedan denunciar de manera confidencial cuando los presionan para que militen o voten por un candidato en particular.

Para eso, ACIJ y Poder Ciudadano abrieron una vía telefónica -el 0800-222-2684- y una casilla de correo [email protected] para recibir las denuncias y alertar lo que ocurre cuando alguien mezcla los conceptos de "Estado", "gobierno", "partido" y "candidato" -con lo que comete un delito-, y encima amenaza a los empleados con cortarles las horas extras y otros beneficios, no renovarles sus contratos o hasta despedirlos.

"La apropiación de los recursos estatales constituye claramente un ejercicio abusivo de poder que se configura gracias a que no existe prácticamente ninguna regulación ni organismos autónomos en los cuales se pueda denunciarlos", explicó uno de los fundadores y miembro del consejo asesor de ACIJ, Ezequiel Nino.

¿Una práctica recurrente que surge de las denuncias? Las llamadas jornadas "de reflexión" que organizan, entre otros, los ministerios de Educación y la Dirección Nacional de Vialidad para que sus empleados comprendan que tal o cual el candidato es al que deben votar. ¿Otra? Los correos electrónicos institucionales en los que se "invita" a los empleados a "adherirse" a una carta pública a favor de un candidato.

Por ahora, el 55% de las denuncias son contra el Estado nacional, mientras que otro 15% detallan presiones sufridas en universidades nacionales. En ambos casos, a favor de Scioli. Otro 10% se distribuye entre municipios y otro 10% apunta al gobierno porteño -a favor de Macri-, en tanto que el resto se dispersa entre distintos ámbitos.

Así, por ejemplo, ACIJ y Poder Ciudadano recopilaron testimonios que coinciden en que desde varios ministerios enviaron empleados a un call center que montó Pro para solicitar fiscales y voluntarios que ayuden a controlar las elecciones.

Sin embargo, la dependencia que más denuncias acumula por ahora es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que lidera Julio Alak, pero que controla La Cámpora.