La investigación por presuntos hechos de "corrupción de menores y facilitación de prostitución infantil" que desató el escándalo en la ciudad de Viedma, capital de Río Negro, derivó ayer en un allanamiento a una vivienda del camarista penal Juan Bernardi, quien anticipó que se tomará licencia a los efectos de no entorpecer en la investigación judicial que llevan adelante el juez de instrucción Fabio Igoldi y el fiscal Juan Pedro Puntel.

Ante la difusión del caso que conmocionó a la capital provincial, en la mañana de ayer el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Ricardo Arroyo, sostuvo en declaraciones a una radio local que el origen de la investigación surgió "de declaraciones de chiquitas que tenemos bajo protección y sobre las que realizamos las denuncias correspondientes en el fuero provincial y federal".

El funcionario aseguró que existen pruebas contundentes, al indicar que "no estamos hablando de declaraciones sino que hay fotos como pruebas", que demuestran que "hay funcionarios judiciales, empresarios y hasta funcionarios de este ministerio involucrados que iban a buscar favores sexuales". Arroyo concluyó que "este es un problema de toda la sociedad".

Anoche, en un comunicado de prensa, Bernardi manifestó "total e incondicional colaboración a la investigación que realiza la Justicia, de la que formo parte, a efectos de que se esclarezcan todas las denuncias sobre situaciones y procederes que repudio y condeno enfáticamente".

Adelantó su decisión "de hacer uso de licencia" durante "el periodo inicial de la instrucción" al tiempo que expresó su "absoluta inocencia y profundo desconcierto por el origen de la denuncia, la que puedo asociar a una represalia por mi actividad jurisdiccional".

Bernardi preside el Tribunal de juicio por el robo y tentativa de homicidio del que resultó víctima el comerciante viedmense Sergio Dato, cuyos alegatos están convocados para la mañana de hoy, desconociéndose si se realizará o no esa audiencia.

Además de Bernardi, en la causa penal por presunta corrupción y prostitución de menores estarían involucradas al menos dos personas más del sector privado, señalaron fuentes vinculadas a la pesquisa. Las versiones apuntan a un abogado y a un empresario ganadero, aunque también se amplían a más personas. (InfoGEI) Mg