En un duro documento que la familia de la joven Carolina Sal Castiglione publicó a través de las redes sociales, los familiares fundamentan cuáles son los motivos por los que solicitan el apartamiento del Estado como querellante y consideran que se trata de un “escándalo jurídico” lo que sucede con el proceso de la causa.
En el documento, asimismo, ponen de ejemplo lo ocurrido en las investigaciones judiciales de “La tragedia de Once” y “El incendio de Barracas”, donde se rechazó al Estado en el rol de querellante, considerándose que “los funcionarios buscaban así, plantearse como víctimas y tener acceso a los expedientes de la causa”.
El escrito, titulado “Injusto y tardío fallo mantiene al Estado catamarqueño como pretenso querellante”, expresa que “la tarea del fiscal Mazzucco es imputar a los funcionarios que serían responsables de los delitos de estrago doloso o culposo y de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, delitos de los cuales los damnificados directos son los familiares de quienes fallecieron en la tragedia ocurrida en El Rodeo y los sobrevivientes; y no el Estado provincial. En todo caso podrá el Estado, por ejemplo, abrir sumarios en contra de los autores, aplicar las sanciones correspondientes, formular denuncias penales en su contra, repetir lo que supuestamente afrontará como indemnización, pero será en otros tantos procesos y no en esta causa”.
“Permitir al Estado ser querellante, junto a los familiares de los fallecidos, es un ‘escándalo jurídico’ porque implica transformarlo también en víctima de la catástrofe, cuando sin duda es el verdadero victimario”, remarca la misiva.

“Responsabilidad del Estado”

El documento continúa exponiendo que “nuestro interés jurídico surge evidente de toda la prueba producida en la causa de la que resulta la responsabilidad de los funcionarios del Estado, especialmente del propio reconocimiento que hace éste en el informe de la Comisión de gestión integrada de cuencas de riesgo de desastres naturales de la provincia de Catamarca y en las recientes declaraciones del ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso”.
“En síntesis, nuestro planteo fue rechazado por estimar el juez y la Cámara que no estábamos facultados por ley para hacerlo, sin entrar a analizar la injusticia que significa que el Estado catamarqueño sea victimario y víctima a la vez. Sin embargo, además de que ello viola nuestro derecho de defensa, al tratarse de una cuestión de derecho estaban obligados a resolverla de oficio, es decir, sin necesidad de pedido de parte”, concluye el documento.

FUENTE:El Esquiú