Horas después de la polémica generada en el kirchnerismo por los procedimientos ordenados por el juez Claudio Bonadio en el caso Hotesur, la Sala I de la Cámara Federal porteña decidió el apartamiento del magistrado de la investigación.

En el segundo piso de los Tribunales de Comodoro Py, los tres integrantes del cuerpo debatieron el pedido de nulidad realizado por la defensa de Romina Mercado, presidente de Hotesur y sobrina de Cristina Kirchner. Es el mismo tribunal que desechó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidente.

Los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler se pronunciaron a favor del desplazamiento de Bonadio, mientras que Eduardo Farah votó por la continuidad. Así, la causa sobre presuntas irregularidades en la empresa que maneja los hoteles de la familia Kirchner irá a sorteo mañana. Fuentes judiciales indicaron que hoy mismo Bonadio iba a recibir un detalle del contenido de las computadoras secuestradas durante los allanamientos. Ese fue un importante motivo para "apurar" la salida del magistrado de la causa.

De acuerdo con los magistrados, "la imparcialidad que se exige a los magistrados frente al caso concreto se ha visto seriamente comprometida" por lo que decidieron aplicar el artículo 173 del Código Procesal Penal de la Nación, que dispone que "cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa o imponerle las medidas disciplinarias que le acuerde la ley".

El recurso de Mercado se basó en el rechazo a una convocatoria de contadores de la Corte Suprema de Justicia que realizó Bonadio meses atrás. El magistrado los había convocado para que –debido a la complejidad de la operatoria de lavado de dinero del caso– lo orientaran desde el punto de vista técnico.

Tras el asesoramiento, Bonadio ordenó el peritaje contable sobre las empresas de la Presidente y también del empresario Lázaro Báez. Para Ballestero, ese pedido vulneró el derecho de la defensa.

La decisión de la sala contra Bonadio ocurrió días después de que el juez ordenara un nuevo allanamiento en el marco de la causa. Es vez fue en oficinas ligadas a la empresa ubicadas en la provincia de Santa Cruz.

El kirchnerismo criticó al juez por el procedimiento y lo acusó de esconder un sentido político, dado que se dio a comienzos de la campaña electoral para las primarias. En ese sentido cuestionó que para el allanamiento se haya empleado a efectivos de la Policía Metropolitana.