Violencia contra los ambientalistas

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Este enfoque tiende a reducir la presencia del Estado sobre las actividades económicas, así como también de la regulación ambiental, lo que puede conducir a la explotación sin restricciones de los recursos naturales, dando lugar a conflictos con las comunidades que buscan proteger sus entornos locales.

Es en esta línea que podemos reconocer el conflicto en la provincia de Jujuy, que es protagonista desde mediados de junio, cuando se aprobó de una reforma de la Constitución provincial que busca habilitar nuevas áreas para la megaminería y la explotación del litio en los salares del altiplano, medidas que afectan especialmente a los más de 300 pueblos originarios. Estas medidas desataron protestas que fueron violentamente reprimidas y dieron origen a, 3er malón de la paz de Jujuy integrado por comunidades originarias.

Recientemente se acordó la puesta en marcha de una comisión de "investigación" y "resguardo", conformada por distintos organismos nacionales e internaciones de derechos humanos para garantizar "la seguridad jurídica" y los "derechos" de los pueblos originarios "violentados por la reforma constitucional del Gobernador Gerardo Morales".