Ante la constante realización de reuniones sociales y otras actividades que pueden representar un peligro epidemiológico en el marco de la pandemia de COVID19, el Poder Ejecutivo estudiará el pedido ante Nación para que las personas que no cumplen con el DISPO o el ASPO sean sancionadas con la eliminación del acceso al Ingreso Familiar de Emergencia u otros beneficios sociales nacionales. 

Además, se dialogará con los sindicatos locales para que -aparte de las sanciones que se apliquen mediante multas- se proceda al despido del personal público que incurra en incumplimientos graves del DISPO o el ASPO. 

Por último, también se analiza que las personas propietarias de domicilios donde se realicen fiestas o reuniones sociales por fuera de los límites establecidos por la normativa vigente, sean eliminadas del registro de proveedores del Estado y sancionadas mediante la imposibilidad de volver a ser registrados como tales.