Ayer se realizó la primera audiencia en el marco de la conciliación obligatoria, dictada por la Dirección de Inspección Laboral, entre los gremios docentes y autoridades del ministerio de Educación. La reunión, que se extendió por más de 3 horas, no sirvió para avanzar en la solución del conflicto y los gremialistas coincidieron en que esperaban que asistan los ministros de Educación, de Hacienda y de Gobierno para así "poder dialogar con quienes tengan poder de decisión”, y agregaron que están "cansados de las reuniones que tienen pocas definiciones”. Los sindicalistas amenazaron con no reiniciar las clases luego del receso invernal. La próxima audiencia será el próximo jueves 2 de julio a las 18.30. 

A la reunión asistieron los gremios ATECa, SUTECA, SADOP, UDA y SIDCA buscando llegar a un acuerdo por diferentes cuestiones, como ser la protocolización del nuevo régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, el estatuto del docente y el nomenclador de cargos, cuestiones que habían sido trabajadas durante las reuniones paritarias de este año y de anteriores. Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por recriminaciones de los docentes ante el incumplimiento de las autoridades Educativas respecto a acuerdos anteriores, para ello cada gremio puntualizó los reclamos ante las autoridades.  

Nancy Agüero (UDA) manifestó que no se llegó a ningún acuerdo porque el Gobierno no presentó ninguna propuesta concreta y expresó malestar por la falta de decisión. Por su parte, Sergio Guillamondegui, secretario General del SIDCA, manifestó que "tienen que asistir personas que tengan poder de decisión, porque como están dadas las  situaciones tendrían que venir Aredes (Hacienda), Ariza (Educación) y Saadi (de Gobierno), porque esto ha desbordado el ámbito natural del ministerio de Educación”. El referente del SIDCA dejó entrever que la medida se tomó para dilatar la cuestión y llegar a las vacaciones de invierno, pero advirtió que de no lograr respuestas concretas no iniciarían las clases luego del receso. En igual sentido se había manifestado ayer Jorge Molas (ATECa). Todos los gremios coincidieron en acusar al Gobierno de querer desviar el foco real de la problemática por el régimen de licencias y "pretender instalar que la puja es por las licencias gremiales, cuando hay cuestiones más importantes”. "Lo hicieron para hacer quedar mal a los gremios, pero creo que es un tiro que le va salir por la culata al Gobierno”, disparó Guillamondegui.  

Respecto al llamado a conciliación, Jorge Molas indicó que "no hay dudas de que fue una medida para dilatar la cuestión, pero no vamos a empezar el ciclo lectivo si no hay solución”.
 
Duras críticas a la DIL
 
La decisión de llamar a conciliación obligatoria por parte de la DIL no cayó bien a los gremialistas que entendieron la medida como una forma de dilatar la cuestión. Juan Godoy, de SUTECa, calificó de "incoherentes” los planteos de la disposición. "Dicen que actúan de oficio y es algo insólito porque la semana pasada ellos (por la DIL) habían declarado que teníamos razón en el incumplimiento”. Pero remarcó que en uno de los artículos del instrumento legal del llamado, "se produce una incoherencia total porque dice que todavía no están vencidos los plazos y se refiere a julio de 2015, que era el plazo para trabajar el nomenclador de cargos y no los otros. Quieren instalar una confusión, porque el conflicto es por el régimen de licencias que ya estaba acordado”, sentenció Godoy. 

En ese sentido pidió que la DIL aclare el posicionamiento en las negociaciones. "Queremos que expliquen si son juez y parte como gobierno (la DIL) o estamos convocados en forma de represalia. "Esto tiene que ver con una decisión política para disolver la gran movilización que estaba prevista”, manifestó el gremialista.