La Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (Cubra) denunció ayer irregularidades en las pruebas de diagnóstico y epidemiológicas vinculadas al COVID-19, que “no cubren la mayoría de las obras sociales y prepagas”.

Según advirtió, la situación genera “en muchos casos la imposibilidad de realizar estas prácticas a gran parte de la población cuando se les solicitan para cumplir protocolos prequirúrgicos, aplicados por clínicas y sanatorios, o para tramitar permisos de ingreso interprovinciales por razones laborales o de salud”.

María Alejandra Arias, presidenta de Cubra, dijo que “hay instituciones sanitarias que están adulterando fichas epidemiológicas de personas que se realizan los test en forma privada, por razones laborales o de traslados interprovinciales, para luego realizarlos en forma gratuita en los laboratorios públicos”.

“En otras palabras, esta falsificación de fichas, que constituye un delito, tienen como fin que los laboratorios estatales procesen gratuitamente las muestras y así evitar afrontar los costos”, señaló.

Aclaró que “los laboratorios públicos pueden procesar las muestras para diagnóstico de COVID-19 solo en los casos de pacientes sintomáticos, contactos estrechos de casos positivos y personal de salud sintomático que cumpla sus funciones en área COVID con autorización del director de la institución donde desempeña sus funciones”.

Según se informó, al comenzar la pandemia, la Comisión Técnica Permanente para el Nomenclador Bioquímico Único de Cubra brindó a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), los códigos correspondientes a las prácticas vinculadas al Sars Cov2; detección de RNA viral por PCR (rtPCR Sars-Cov2) única válida para el diagnóstico y pruebas serológicas para detección de anticuerpos (IgA, IgM, IgG) utilizadas con fines epidemiológicos, para ser incluidos en el nomenclador nacional. Cubra denunció que eso no se hizo “y en su defecto, generó módulos de atención para pacientes de COVID donde se incluyen estas prácticas para el segundo nivel de atención (clínicas y sanatorios)”.

Además, “no incluyó a los Laboratorios Bioquímicos independientes que, desde marzo pasado, solicitan la incorporación de las referidas prácticas, obteniendo escasas respuestas positivas por parte del PAMI, obras sociales sindicales, obras sociales provinciales, fuerzas de seguridad y prepagas”. “Consecuencia de esto es que en las pequeñas localidades que no cuentan con sanatorios o clínicas, beneficiarios del PAMI o de las obras sociales, con síntomas de COVID-19 tengan que trasladarse hacia otros centros urbanos para la toma de muestras (hisopado), con la consecuente molestia y el riesgo sanitario que implica la movilidad de personas con probable infección”, concluyó Arias.