De hecho, a fines de junio trascendió que en Tucumán había un listado de 17 detenidos autorizados para recibir la ayuda estatal.

En ese entonces, el gerente regional del NOA de la ANSES, Jesús Samil, aclaró que los reclusos no estaban contemplados en la medida, pero que pudo haber ocurrido que “un familiar o un abogado los haya anotado, y el sistema los aprobó porque el entrecruzamiento de dato se hace con la AFIP y Migraciones, no con información de la Justicia”.

Ahora, en la resolución publicada este jueves, el Poder Ejecutivo aclaró que “las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas” para recibir el IFE “por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2° (del texto original)”.