Durante las últimas horas, la jueza federal María Servini ordenó reanudar el peritaje sobre las llamadas del ex presidente Mauricio Macri y ex funcionarios de su Gobierno en el marco de una causa sobre supuestas presiones sobre el Grupo Indalo para torcer su voluntad en la línea editorial, así como para eventualmente apoderarse de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Según indica Tribuna de Periodistas, lo dispuso pese al fallo de la Cámara Federal que había revocado esa medida por considerarla invasiva e inapropiada.

Los camaristas Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia consideraron que la medida de la jueza abarcaba un período excesivo de tiempo que supera “los límites que razonablemente permite el objeto” de la investigación.

Además, los camaristas adhirieron a los planteos de las defensas las cuales habían acusado que el peritaje afecta “derechos individuales y esferas de la actuación ajenas a la incumbencia” de la Justicia.

El peritaje es en el rango que va desde el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019 y comprende los teléfonos del ex mandatario; el ex jefe de asesores de Presidencia José Torello; el amigo de Macri Nicolás Caputo; el diputado del Parlasur Fabián Rodríguez Simón; el ex secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana; el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel; y los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli; así como también de un grupo de empresarios.