Tras varias suspensiones, finalmente hoy dará inicio, en el ámbito de la Cámara Penal Nº 3, el juicio que tendrá en el banquillo de los acusados a Enrique Aybar, actual intendente de la localidad de Puerta de Corral Quemado, departamento Belén. 
El funcionario municipal deberá responder por el supuesto delito de “abuso sexual agravado por la guarda”, hecho ocurrido en el año 2014, en perjuicio de una adolescente, por ese entonces de 15 años, a quien llevó engañada a un motel en Valle Viejo e intentó someterla sexualmente.  
La víctima, junto a su madre, habían arribado a esta ciudad horas antes junto al ahora imputado, quien, aparentemente, las habría engañado, manifestándole que la adolescente iba a ser beneficada con una beca, razón por la que debían viajar a esta Capital. Una vez instaladas, Aybar se retiró con la adolescente, supuestamente a realizar los trámites que le permitieran cobrar la beca. Sin embargo, según la acusación, el intendente la llevó a un motel de Valle Viejo, donde pretendía abusar de ella, pero ante la resistencia de la jovencita, el sujeto desistió y regresaron nuevamente al lugar donde estaban hospedadas, para regresar luego a su lugar de origen. En el trayecto de regreso, según la acusación, el imputado habría amenazado a la jovencita para que no le contará nada a su madre sobre lo ocurrido. 
Tras la denuncia y la imputación al intendente, la causa fue elevada a juicio. Pretendiendo el intendente evitar el proceso ofreció, en el año 2017, el pago de 300.000 mil, pero la probation fue denegada. 
Hoy, a partir de las 9.00 de la mañana, está previsto que la audiencia se desarrolle bajo la modalidad de videoconferencia. Esta será llevada adelante por el juez Jorge Palacios y serán partes por el Ministerio Público Fiscal, el Dr. Víctor Mauvecin, el Dr. Daniel Ortega por la defensa del intendente y en representación de la víctima, los abogados Sebastián Ibañez y Bruno Jerez, letrados del fuero local, a quienes la Justicia investiga por supuestamente haber pedido una fuerte suma de dinero a Aybar, para “manejar e influenciar a los medios y los funcionarios judiciales” en el debate, en el caso de Bruno Jerez. Mientras que a su socio, Ibañez, el  fiscal Federico Maturano lo imputó, la semana pasada, por “truchar” una cédula judicial, donde le exigía un pago a un cliente para que continuara en libertad.