a Dirección General de Cultura y Educación bonaerense resolvió dejar sin efecto los sumarios administrativos que se les habían iniciado a docentes que se sumaron a medidas de fuerza en 2018, durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 1.175 publicada este jueves y apunta a anular las sanciones que el gobierno de Cambiemos había aplicado a los maestros por “no desempeñar digna, eficaz y responsablemente funciones inherentes al cargo, y no cumplimentar la apertura y cierre del edificio escolar”, en un año especialmente conflictivo, dado que los gremios encabezaron 27 jornadas de huelga ante la falta de acuerdo salarial, en un contexto de fuerte escalada inflacionaria y pérdida del poder adquisitivo.

En el mismo sentido, el texto publicado en el Boletín Oficial dispone "absolver" a los docentes que aun continúan siendo investigados, luego de que no se pudiera acreditar la transgresión a una falta administrativa. Del mismo modo, se ordena el cierre de la instrucción de sumarios realizados a directivos que no habían supervisado o ratificado las planillas de control docente y personal administrativo y se anulan los sumarios iniciados por "confeccionar y suscribir el contralor docente y administrativo con datos apócrifos" para "no consignar las inasistencias", ante la falta de pruebas que confirmaran esas supuestas inconductas.

La medida dispuesta por la actual directora de la cartera educativa, Agustina Vila, se funda en las medidas cautelares que la Justicia había otorgado a los gremios SUTEBA, AMET, FEB y UDOCBA, ante la demanda de amparo que, oportunamente, habían presentado en el Tribunal de Trabajo N° 3 de la ciudad de La Plata al considerar que las sanciones impuestas por la gestión cambiemita configuraban hechos de "persecución gremial".

"El contexto de las medidas de fuerza traídas formalmente a reproche se enmarca dentro del legítimo ejercicio del derecho a huelga constitucionalmente amparado, lo que imposibilitó garantizar la apertura de establecimientos educativos", especifica la medida entre algunos de sus argumentos y agrega que "se debe interpretar, en la totalidad de los casos, que la conducta docente asumida se contextualiza dentro de un conflicto colectivo, adquiriendo los hechos descriptos una dimensión institucional que cobra su verdadero sentido al articular los derechos individuales y sociales involucrados". 

Cabe recordar que, durante 2018, el Gobierno bonaerense se negó a incluir la “cláusula gatillo” para actualizar salarios en forma automática de acuerdo a la inflación y mantuvo la paritaria sin cerrar a lo largo de todo el año. La muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, tras una explosión ocurrida el 2 de agosto de ese mismo año en la escuela 49 en la que trabajaban, en el partido de Moreno, había recrudecido el conflicto con los docentes, quienes demandaban mejoras edilicias en las escuelas de toda la Provincia.