La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado en el que destacó que “jueces y juezas deben resolver entre mantener la detención de un interno con probabilidades de enfermar con severidad, o bien disponer el arresto domiciliario o liberación de quien en otras circunstancias no podría aspirar a tales beneficios procesales”.

La Asociación que nuclea a magistrados de todo el país enfatizó que tal dilema se presenta en un contexto de pandemia de coronavirus en el que, además, quedan al descubierto las “deficiencias estructurales del sistema carcelario”, según señala el texto que lleva la firma de su presidente Marcelo Gallo Tagle y su secretario general Enrique Comellas.

“Como primera cuestión y a propósito también de declaraciones del titular del Poder Ejecutivo Nacional (Alberto Fernández) y de otros referentes políticos, las libertades que se someten a consideración de los magistrados y magistradas a causa de la propagación de la pandemia en las cárceles encuentran fundamento en deficiencias estructurales del sistema carcelario y no en el trámite propio de los procesos judiciales”, señalaron los magistrados en el comunicado.

“Ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial. Frente a tal tirantez, jueces y juezas deben resolver entre mantener la detención de un interno con probabilidades de enfermar con severidad, o bien disponer el arresto domiciliario o liberación de quien en otras circunstancias no podría aspirar a tales beneficios procesales”, remarcaron.
 

Ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial”

Para estas decisiones, aseguraron, “siempre tiene en consideración las condiciones particulares del imputado o condenado, las características del hecho, la opinión de la víctima si correspondiere (ley 27.372) y una infinidad de circunstancias propias del caso particular que se resuelve”.

Además, se refirieron al Poder Ejecutivo, tanto en su nivel nacional como provincial, al destacar que son los que tiene a cargo “la administración de los establecimientos carcelarios” por lo que les comprende “la obligación de asegurar condiciones esenciales de salubridad e higiene intramuros”.

“En este particular escenario fáctico, a los jueces y juezas les concierne determinar el derecho que será afectado en menor medida para privilegiar de ese modo otro que podría resultar lesionado con mayor intensidad, siendo potestad y obligación de los administradores del sistema penitenciario articular las medidas necesarias para que tales situaciones no deban ser dirimidas en el ámbito jurisdiccional”, sostuvieron los magistrados.