El Gobierno avanzará con la reestructuración del personal Estado provincial a través de un decreto-acuerdo. La iniciativa contempla la movilidad laboral y también la revisión de conceptos que integran la remuneración, como adicionales y horas extras. 
La redacción del instrumento legal está avanzada. Se fundamentará en el artículo 184 de la Constitución provincial, que habilita su dictado mientras la Legislatura está en receso. 

Raúl Jalil anticipó que convocará a una reunión a los presidentes de los bloques legislativos y a los dirigentes sindicales.

El gobernador argumentó que la pandemia dejó al descubierto la ineficaz distribución de recursos humanos en el Estado y a la vez se detectaron necesidades en áreas clave. 

Además, señaló que hay un 20% del personal que trabaja en la Administración Pública que está de licencia porque pertenece al grupo de riesgo del coronavirus, ya que tiene más de 60 años o tiene alguna afección. "La falta de ese 20% en áreas clave complica el panorama", manifestó el primer mandatario. 

Sostuvo que la reestructuración de la administración pública es una urgencia y hay requerimientos concretos de personal de áreas como Salud, Seguridad y el Poder Judicial. 

Según la información oficial hasta febrero de este año había 37.009 empleados en el Poder Ejecutivo que se desempeñan en la Administración Central, Educación, Seguridad y el Tribunal de Cuentas. El Poder Legislativo tiene 2.814 agentes y el Poder Judicial 1.807. 

El decreto declarará en estado de emergencia administrativa y funcional a  los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al Tribunal de Cuentas y a los Municipios que no hayan dictado sus Cartas Orgánicas por el plazo de un año, con posibilidad de finalizarlo antes si se considera que fueron superadas las circunstancias que motivaron la medida. 

Se pide que las distintas áreas formulen proyectos de reconversión, reforma y restricción o supresión de las unidades orgánicas centrales, descentralizadas y autárquicas de la Administración Pública Provincial, de modo tal de obtener su adecuación a la situación de emergencia económico-financiera de la Provincia, garantizando los servicios de salud, educación, justicia y seguridad. 

Se facultará a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para disponer modalidades excepcionales de movilidad laboral en los regímenes de empleo en las distintas áreas de la Administración Central, Descentralizada y Entes Autárquicas. "A tales efectos podrán reducir la jornada laboral, reasignar funciones y organismos de prestación de servicio, suprimir o limitar la autorización de horas extras o mayor carga horaria, revisar, reconvertir o reducir con carácter general los adicionales al haber básico de categoría, restringir o suprimir el régimen de suplencias docentes, revisar y en su caso revocar, el otorgamiento de licencias especiales. Podrá acordarse entre los titulares de los diferentes Poderes del Estado la transferencia de los recursos humanos respetando su nivel salarial", dice el borrador. 

Por último, indica que las políticas que se adopten respecto de los recursos humanos de la Administración, propenderán a "obtener la mejor asignación del gasto público en estricta correspondencia con la situación financiera provincial, garantizando la prestación de los servicios esenciales y respetando el principio de igual remuneración por igual tarea"

FUENTE: EL ANCASTI