El proyecto de "ficha limpia" que fue avalado por los legisladores inhabilita a los condenados en segunda instancia, en los delitos de cohecho y tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, entre otros, a presentarse como candidatos o precandidatos para la función pública.

Según advirtió Pablo Tonelli, del PRO, quien lideró el plenario, a pesar de contar con el dictamen, se analizarán "las disidencias parciales y los dictámenes de minoría con el ánimo de ver si, antes de tratarlo en el recinto, llegamos a un consenso definitivo", al tiempo que aclaró que, de aprobarse, la ley entrará en vigencia a partir de 2021.

Quienes se mostraron reticentes a esta medida fueron Graciela Camaño, quien ahora integra Consenso Federal; Emilia Soria, del Frente para la Victoria-PJ; y Pablo Kosiner, del Justicialismo; los cuales reclamaron que se debatan iniciativas relacionadas con la situación social y la economía. Incluso, la extitular de la bancada massista criticó el "oportunismo" en el tratamiento de esta norma y sentenció: "La sociedad debe saber que ninguno de los candidatos para esta elección va a ser excluido. Esto es una ficción, es una hipocresía en su máxima expresión".