Un informe presentado por la la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, denunció cerca de 7 mil ejecuciones extrajudiciales durante los últimos 18 meses en Venezuela.

Al respecto, la expresidente de Chile, alertó que la gran mayoría de esas muertes fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad del gobierno chavista.

El gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, indicó que el dictamen tiene una visión “distorsionada” del país, y señaló que “son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles”.

Tras su visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet señaló que “grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.

Alertada por la situación, la alta responsable de la ONU pidió en sus conclusiones disolver las Fuerzas Especiales (FAES) de la Policía Nacional venezolana. A ellas, Bachelet le adjudicó la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, registradas en 2018 y otras 1.569 entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019.

Bachelet se entrevistó con Maduro, Guaidó y ONGS.

Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano, precisó a la agencia de noticias AFP una vocera, Ravina Shamdasani. “Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes”, detalló.

Sin embargo, Bachelet aseguró que “otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”. Además precisó que hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad.

La administración de Maduro respondió que el ACNUDH “presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos” en Venezuela y aseguró que “no existen personas detenidas” por motivos políticos.

Por último, Bachelet recomendó crear “un mecanismo nacional imparcial e independiente” para investigar las ejecuciones extrajudiciales, y pidió al gobierno publicar regularmente datos exhaustivos sobre la salud y el acceso a agua y alimentos de la población venezolana.