La Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado para exigirle al Gobierno de Colombia mayor seguridad para los activistas sociales. Además advierte que muchos son hostigados y amenazados, y que los incidentes van en aumento.

“Pedimos a las autoridades que hagan un esfuerzo significativo para enfrentar el patrón de hostigamiento y ataques dirigidos contra los representantes de la sociedad civil y que tomen todas las medidas necesarias para enfrentar la impunidad endémica en torno a estos casos”, aseguró el portavoz Rupert Colville el pasado viernes en una rueda de prensa en Ginebra.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia sigue de cerca las acusaciones presentadas por activistas. Esta cifra “asombrosa” -añadió Colville- se intensificó durante 2018 con 115 defensores de los derechos humanos asesinados. La expresidenta chilena Michelle Bachelet está a cargo de la Oficina de DDHH de la ONU. En esa instancia destacan la necesidad urgente de abordar las disparidades en el disfrute de todos los derechos, en particular los económicos, sociales y culturales en las zonas rurales.

Los asesinatos se producen “en un contexto de estigmatización” de los defensores de los derechos -dice la ONU-, especialmente de quienes viven en zonas rurales. En esas regiones no hay servicios sociales básicos adecuados, se registran altos niveles de pobreza, proliferan cultivos ilegales y es copiosa la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales. Esos son los temas que denuncian los defensores.

“Una gran cantidad de activistas han sido atacados. Son líderes comunitarios, afrocolombianos, indígenas, ambientalistas, campesinos, periodistas, LGBTI y defensores de los derechos de las mujeres, algunos de ellos involucrados en la política local”, declaró Rupert Colville. Los líderes sociales son vulnerables y representan más del 70% de todos los asesinatos registrados.

Algunas de las víctimas apoyaron el acuerdo de paz colombiano, que incluye la restitución de tierras, los derechos de las víctimas y el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Uno de los ataques más reciente ocurrió el 4 de mayo, cuando 20 defensores afrocolombianos, entre ellos la reconocida ambientalista y defensora de las mujeres, Francia Márquez, fueron repelidos con granadas y armas de fuego cerca de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

En ese suceso nadie murió, pero dos agentes de seguridad de la Unidad de Protección Nacional resultaron heridos. Solo en enero se registraron tres asaltos contra mujeres líderes que defienden los derechos de las víctimas del conflicto. En el caso de Maritza Quiroz Leiva, defensora y reclamante de tierras, el ataque fue fatal. Los indígenas, los afrocolombianos y los campesinos llevaron a cabo manifestaciones en marzo para protestar por el incumplimiento del Gobierno colombiano por cuestiones relacionadas al derecho a la tierra.

“Después de las marchas, se distribuyeron folletos con amenazas de muerte contra destacados líderes indígenas y defensores de los derechos humanos. Nos preocupa que, con el acercamiento de las elecciones locales en octubre, el número de ataques violentos pueda aumentar aún más”, alertó el vocero de la ONU. Aunque reconoció las gestiones del Estado para mejorar la protección de los defensores.

El presidente colombiano Iván Duque anunció la creación de jueces especializados. Sin embargo, la ONU pide “redoblar los esfuerzos para expandir y fortalecer las iniciativas para salvaguardar un entorno libre y seguro para el compromiso cívico”, sobre todo en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Huila.

Recientemente fue asesinado Luis Manuel Salamanca Galindez en el municipio de San Agustín, departamento de Huila, al suroeste de Colombia. El antropólogo de 64 años era conocido por su trabajo como gestor cultural. Las autoridades locales ofrecen 10 millones de pesos de recompensa a la persona que entregue información sobre el responsable del crimen.