A favor de la empresa se expresaron los jueces Raúl Cippitelli, José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, mientras que Miguel Figueroa Vicario y Vilma Molina firmaron en disidencia.

Con el planteo, Capdevilla pretendía que se declare la nulidad de dos decretos de Obras Públicas (OP): el número 1974 -del 10 de noviembre del 2015- y el 661 -del 28 de marzo del 2016-, por considerar que están viciados.

En efecto, la mayoría de Corte hizo lugar a ese planteo, y declaró la nulidad de los decretos y ordenó a la Provincia que resuelva un recurso de reconsideración previo presentado por la empresa, relacionado al momento en que la provincia recibió la obra terminada.