La dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación firmó una disposición en la que se determina un procedimiento especial, previsto en el Decreto Nº 641/02, para tratar de establecer cómo ocurrieron las irregularidades que fueron puestas en evidencia por la directora del PIO, Jimena Moreno, en una reunión en la que participaron padres, docentes y directivos de la Escuela. La misma disposición firmada en el área jurídica del ministerio establece que se investigarán supuestas faltas cometidas en el manejo administrativo general e interno de la escuela, aunque no solo en el plano económico. En paralelo, se indicó que la Fiscalía de Estado tratará de establecer si hubo o no un daño al erario público en la firma de alquileres irregulares (el dinero lo cobraba directamente la cooperadora de la Escuela) con comercios que se instalaron en el frente de la Escuela, cuyo edificio fue declarado patrimonio histórico.