Hace un mes que los ministerios de Salud y Justicia le negaban este derecho que rige en Argentina desde 1921 y que está en el Código Penal. Su historia había llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que intimó a la provincia a dar una respuesta inmediata. Así, este martes, funcionarios de los ministerios se reunieron con especialistas de las áreas de niñez y derechos humanos de la provincia, que reclamaban la interrupción legal del embarazo. 

Los funcionarios de los ministerios venían negando este derecho, y, según denunciaron organizaciones de derechos humanos y mujeres, especulaban con que pasara la semana 24 de gestación (ahora cursa la 23) para realizarle una cesárea. Pero la nena no quería eso, no quería ser madre.

Hace más de un mes que la nena había ido a un Centro de Atención Primaria de un pueblo alejado de la capital por dolores de panza. Allí se le había constatado el embarazo. El 31 de enero fue trasladada al hospital Eva Perón de San Miguel de Tucumán. Entonces su historia se hizo conocida, pero los funcionarios de salud salieron a decir que ni la niña ni la madre querían interrumpir el embarazo. 

Al denunciar la violación la Justicia se metió en el asunto y el caso se judicializó. Eso explicaron los funcionarios de salud. Después se supo que la nena vivía con la abuela porque la madre había perdido la guarda, es que su pareja había abusado de sus otras dos hijas. 

Luego trascendió que en realidad la nena no quería seguir con ese embarazo. Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humano y Estudios Sociales (Andhes) y del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), presentaron un amicus curiae en la Justicia y llegaron a la ​CIDH.