De acuerdo a un cálculo realizado por el Ieral de la Fundación Mediterránea, un bono de 5000 para la administración pública significaría para la Provincia unos $285 millones.

En primer lugar, el estudio señala que “en lo que respecta al total de trabajadores que se desempeñan en el sector público provincial, previo al análisis de la posible aplicación del Bono de fin de año, se debe tener en cuenta que la situación en materia de reajustes salariales ha resultado extremadamente heterogénea entre provincias en 2018”.

En este sentido, el informe observa que, al tercer trimestre del año en curso (en algunos casos se trata de datos al segundo trimestre), “el gasto salarial caía entre 10 y 15 por ciento, en términos reales, en provincias como Misiones Santa Cruz y Chaco”.

Por otra parte, se registró una  baja “de entre 5 y 10 puntos en Río Negro, Chubut, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego” mientras que “sólo mostraban un mayor gasto en personal, a valor constante, Formosa, La Rioja, Neuquén y San Juan, aunque en ningún caso se trataba de un guarismo superior al 1%”.

Los autores del análisis realizado por Fundación Mediterránea   observaron que “la mayoría de las provincias ha aplicado una política salarial restrictiva en 2018, con el objeto de mejorar sus cuentas fiscales, en un año en que se aceleró la inflación y con ello los recursos, cuando se los mide en valores nominales”.

Por ello, contemplan que “puede ser adecuada la aprobación de un Bono de fin de año, especialmente en provincias que no aplican cláusula gatillo por inflación y que con esta medida eviten renegociar salarios este año, pasando esa instancia para 2019”. 

En este orden de ideas, el estudio indica que 8 jurisdicciones ya acordaron el otorgamiento de un bono. Estos son los casos de Río Negro ($3.500), Misiones y La Rioja ($4.000), Formosa ($5.000), La Pampa y Tierra del Fuego ($6.000), San Luis ($9.000) y Santiago del Estero ($10.000).

En el otro extremo, “13 provincias ya han planteado su negativa al otorgamiento de un bono sobre los trabajadores estatales, entre ellas, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Tucumán poseen una instancia de cláusula gatillo que será instrumentada para corregir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en cada una de estas jurisdicciones”. 

Si bien el informe no menciona a Catamarca dentro de este grupo, ya es público que la provincia viene aplicando la claúsula gatillo incluida en el acuerdo salarial firmado con los gremios estatales.
Sin perjuicio de ello, el estudio analiza la incidencia que tendría en Catamarca un bono navideño de 5000 pesos. En este sentido contempla que, a prima facie, el extra salarial de fin de año alcanzaría a unos 57 mil asalariados catamarqueños, lo que representaría un costo fiscal estimado de más de 285 millones de pesos. Esta cifra incidiría en un 0,9 por ciento dentro del gasto total que tiene la provincia como pago a la administración pública.

“Dados los matices, y la situación fiscal particular de cada jurisdicción, debería sopesarse individualmente la conveniencia de otorgar un bono de fin de año en las provincias. A mayor déficit inicial, mayor impacto sobre el gasto y mayor reajuste de salarios públicos, menor conveniencia que se pague el bono de fin de año” menciona el estudio.