La iniciativa fue presentada por el diputado Juan Denett, quien argumentó el documento en base al artículo 222 del Código Procesal Penal de la Provincia, del cual hasta el momento faculta solo a la Policía judicial y a la Corte de Justicia a hacer uso de los mismos. 
El proyecto explica que todos los vehículos que estén secuestrados por un lapso superior a los dos meses, que hayan sido incautados en el cumplimiento de ley -ante un delito-, sean transferidos al poder Ejecutivo, para que a través de la Policía de la provincia haga uso de los mismos. 
En diálogo con El Esquiú.com, el legislador expresó: “A causa de la fuerte crisis que hay a nivel nacional, los índices de arrebatos están aumentando y necesitamos optimizar todo los recursos para trabajar en prevención del delito”, remarcó. 
Además, Denett señaló que “hoy vemos que estos automotores secuestrados por nuestra Justicia están tirados, en desuso, deteriorándose. Actualmente  nuestro Código Procesal Penal  permite al poder Judicial disponer de estos vehículos para uso propio o de la Policía judicial, entonces ¿por qué no destinarlos para nuestra Policía provincial para ser utilizados  en la prevención del delito?, siendo así un beneficio para toda nuestra sociedad”. 
Cabe destacar que a nivel provincial los depósitos de la Justicia están colmados de vehículos que en la mayoría de los casos se encuentran a la intemperie y no tienen ningún tipo de mantenimiento, por el cual terminan convirtiéndose en chatarra, señala en la fundamentación del documento presentado por el legislador.