Los integrantes del bloque del FPV-PJ en la Cámara de Diputados local, quienes apuntaron contra el senador nacional Dalmacio Mera y su par Miguel Pichetto por ser actores principales de la movida en el Congreso que terminó con la autorización de los procedimientos pedidos por el juez Claudio Bonadio, inéditos en la historia nacional.

“Que Pichetto, Mera y compañía, junto a sus socios macristas, rindan cuentas al Pueblo y a la historia por estas prácticas dictatoriales!”, señalaron.
En un comunicado, los legisladores peronistas repudiaron “la arbitraria violación del Derecho de Defensa de la senadora nacional, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, avasallado con autoritarismo e inconstitucionalidad extrema, y de manifiesta peligrosidad para la institucionalidad del país”.

“Rechazamos el ilegal accionar desplegado en el marco del allanamiento ordenado por el juez Bonadio en el domicilio de CFK, por vulnerar el derecho al ejercicio profesional del Dr. Beraldi,   abogado defensor de CFK en la causa penal en la que dispuso la medida, y someter a la expresidenta a la más absoluta indefensión jurídica.

Advertimos al Pueblo argentino sobre la gravedad institucional que esto representa para la democracia de nuestro país, y el riesgo de afectación de los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos, ante el accionar irregular y arbitrario de algunos jueces al servicio de intereses que contrarian el ordenamiento legal vigente y la recta administración de Justicia”, agregaron.

También reclamaron a la Corte Suprema y a otras instituciones que arbitren “los medios para detener los abusos y la persecución en contra de la líder de la principal oposición, y sancionar con todo el rigor de la ley a los jueces y funcionarios judiciales serviles a estas maniobras aberrantes que degradan al Poder Judicial y agudizan el descreimiento popular respecto de las instituciones republicanas”.

“Exigimos a los Senadores Nacionales que resolvieron negarle garantías a la ex Presidenta, otorgándole un cheque en blanco a Bonadio, que se hagan cargo de las nefastas consecuencias de su accionar, funcional a la consumación de los atropellos, violatorios de principios, derechos y garantías previstas en la Constitución Nacional y Pactos Internacionales de Derechos Humanos”, finalizaron.