Los incumplimientos de parte de los adjudicatarios dieron lugar al quite del beneficio habitacional, en algunos casos mediante la Justicia y otros por el área de legales del organismo. 

Los relevamientos realizados por el programa de Control habitacional arrojan falta de ocupación de las viviendas, usurpaciones y  habitabilidad  de parte de personas que no fueron las beneficiadas por el organismo provincial. 

En los casos en los que actúa la Justicia, el organismo aguarda la resolución de la misma para intervenir de acuerdo a lo que determine.

Dante López Rodríguez, administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, comentó al respecto que “tenemos el programa de Control Habitacional que siempre están visitando las viviendas y comunicando a los adjudicatarios que tienen que cumplir con la reglamentación del IPV. Se está trabajando en eso, tenemos casos emblemáticos que ya están en la Justicia por el solo hecho de que fueron usurpadas, no estaba la gente viviendo y nosotros las pudimos recuperar a través de la Policía, pero eso es un proceso legal que lleva tiempo. En Valle Chico hay más de 60 casas recuperadas, y en la parte legal debe haber tres o cuatro. En toda la provincia estamos con el mismo proceso”. 

En relación con los motivos que llevan a detectar las irregularidades recién en el momento posterior a la entrega, el funcionario comentó en diálogo con la prensa que “nosotros hacemos todo el trabajo social, las visitas y es ahí cuando detectamos que la gente tiene todas las necesidades porque cumple los requisitos que se les exige, el problema es cuando se van a  vivir, hay veces que demoran en instalarse, hay un caso que hace dos años que fueron adjudicadas y solamente había construido la tapia, ya vino de la Justicia y el IPV ya se le había adjudicado a otra persona”.