Según un informe dado a conocer por la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la vulneración de las libertades constitucionales básicas, hizo que el país que preside Nicolás Maduro registrara los "peores" indicadores en materia de derechos humanos desde 1989.

En el informe anual que la ONG presentó ante los medios, señala que hay un retroceso en derechos humanos desde 1989, año en que el estallido social de El Caracazo dejó al menos 250 muertos, según cifras oficiales y centró la mira en los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad.

"En Venezuela formalmente no hay un conflicto armado ni una guerra, pero hay tantas víctimas como si lo hubiera", señaló el documento de la ONG.

El informe indica que los derechos económicos, que incluyen adecuada alimentación y sanidad, y civiles y políticos de los venezolanos se vieron vulnerados durante 2017 en el país suramericano, al tiempo que instó al Gobierno de Nicolás Maduro a "garantizar" los derechos constitucionales.

El informe pone énfasis en la "criminalización" de las protestas que sacudieron el país entre abril y julio del año pasado, en las que murieron más de 120 personas de acuerdo con cifras oficiales.

Provea señaló en el informe que 46 de las muertes durante las protestas pueden "ser atribuidas a las fuerzas de seguridad y 27 a los colectivos", en referencia a las redes de apoyo al chavismo gobernante, que la oposición describe como grupos de choque.

"Durante este ciclo de protesta más de 5.000 personas fueron arrestadas arbitrariamente, incluyendo numerosas detenciones colectivas. Durante este período de protestas, fueron recibidas más de 101 denuncias de tortura", añade el informe, titulado "De la rebelión popular al fraude electoral".