Después de más de un año de filtraciones en los medios afines al Gobierno de conversaciones privadas entre Cristina Kirchner y el ex secretario presidencial Oscar Parrilli, la Corte Suprema firmó una acordada en la que pide al Congreso que audite la dependencia del propio tribunal, dirigida a su vez por el camarista federal Martín Irurzun, que se ocupa de hacer escuchas telefónicas.

Martín Irurzun

También le requirió al juez Rodolfo Canicoba Corral, que tiene a cargo una causa penal sobre el tema, que informe si se detectó fallas en el resguardo de la confidencialidad y la custodia. El alto tribunal es hace tiempo foco de sospechas porque la difusión de conversaciones con todos los condimentos del espionaje político ocurrió justo desde que el Departamento de Captación de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom) quedó a su cargo por decisión del gobierno de Mauricio Macri. Esta es la primera vez que adopta alguna medida concreta, pero todo indica que está abriendo el paraguas: anteayer el Frente para la Victoria, Cambiemos y el Frente Renovador en una alianza milagrosa en Diputados habían consensuado un pedido de informes a los supremos sobre las escuchas divulgadas cuya votación se desmadró por la convulsionada sesión sobre el DNU de “desburocratización del Estado”; pero lo que sí se votó es que en 15 días tenga preferencia un proyecto de Leopoldo Moreau para citar a la Comisión de Asuntos Constitucionales al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al titular de la AFI, Gustavo Arribas, al juez Ariel Lijo, que tenía a cargo la causa donde se realizaron las escuchas divulgadas, y a Irurzun. 

Desde que recibió el aparato de las escuchas a comienzos de 2016 gracias a un decreto de Macri que se lo arrebató a la Procuración General, la Corte fue multiplicando las facultades de esa dependencia, que terminó llamándose “Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado”. Además de pinchar teléfonos se le dio la facultad de investigar e incluso un convenio con el Poder Ejecutivo le habilitó el acceso a bases de datos claves, como las de la AFIP. El hombre a cargo, Irurzun, es presidente de la Cámara Federal, y un gran aliado de Lorenzetti; su número dos es el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra; y el director ejecutivo, Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez Lijo. Ayer a la tarde, poco después de que la Corte dio a conocer la acordada donde pide que la Comisión Bicameral que fiscaliza organismos y actividades de inteligencia haga una auditoría, la propia dirección que está bajo la lupa emitió un comunicado en el que aclara, que funciona con autonomía respecto de la Corte, que siempre entrega los audios de las conversaciones interceptadas que piden los jueces “cumpliendo los protocolos de cadena de custodia y procedimientos”, que la cadena termina cuando los audios son entregados a las partes, que “repudia enérgicamente cualquier difusión pública que se haga de cualquier contenido” y que está “a disposición para dar cuenta de sus actos”. El texto no tiene firma, sólo membrete.