En diálogo con FM Millenium, recordó que la Justicia ya había dictaminado que el caso “excedía una mera infracción tributaria y era un delito pergeñado por funcionarios públicos que habían establecido un sistema por el cual Cristóbal López podía no pagar nunca el impuesto a los combustibles y así financiar a sus empresas”.

Asimismo, aseguró que “la calificación no tenía que tocarse”, en alusión a la decisión de la Cámara Federal de cambiar la carátula y pasarla de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” a “apropiación indebida de tributos”.

Gil Lavedra acusó al exdirector de la AFIP Ricardo Echegaray, “y muchos otros funcionarios involucrados” de haber beneficiado a López, quien “no pagaba nunca” los impuestos. “Lo sacaban del sistema de ejecución de las deudas”, manifestó el abogado. Y agregó: “Es un dato inequívoco que el Grupo Indalo está financiado y armado por todos los argentinos a través de sus impuestos”.

Por otra parte, el letrado destacó “la convicción y fortaleza que tuvo Abad en la persecución de este caso”. “Cuando conseguimos inhibirlo, nos acercó una propuesta para devolver el dinero mal habido, pero la propuesta se cayó por inconsistente. El Estado quiere que se aplique la ley”, concluyó.