El caso de Sandra Heredia destapó las irregularidades que giran en torno a la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. Según documentación de la AFIP, entre febrero de 2016 y abril de 2017 en el SOMU se contrató a 172 personas. Y para que el escándalo sea más grande, la ex empleada de Jorge Triaca aún es empleada del gremio y reclama indemnización.

Heredia, quien sin experiencia gremial previa se convirtió en la interventora delegada del SOMU en San Fernando, tiene contrato hasta el próximo 12 de febrero, aunque desde que se destapó el escándalo no se presenta en la sede gremial. Según allegados, está concentrada en reclamar su indemnización a la familia Triaca. En esa línea, Perfil publicó que el 6 de enero el cuñado del ministro y abogado de Carlos Triaca, Sergio Borsalino, le dijo que la van a indemnizar con 66.000 pesos.

Sin embargo, las abogados de Heredia pretenden un monto mucho mayor. "Lo que le corresponde por ley. Diez veces más como mínimo", destacaron los letrados.

Heredia afirmó que fue casera en la quinta de los Triaca en Boulogne desde 2012 hasta 2018. Pero aclaró que estuvo en "en negro" hasta 2015. Según dijo, 20 días antes de las elecciones presidenciales le blanquearon parcialmente la relación de dependencia con Carlos Triaca, hermano del ministro.

En tanto, entre los 172 nombres relevados en las contrataciones del SOMU aparecen ex empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, de la Tesorería de la provincia y del Renatre, entre otros organismos públicos provinciales y municipales. También aparecen apellidos conocidos en el ambiente judicial.