El Tribunal Supremo español retiró las órdenes europeas de detención emitidas contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex miembros de su gobierno que huyeron a Bruselas.

La medida está fundamentada en que se puede producir una denegación de la extradición por algunos delitos y los investigados manifestaron su intención de regresar a España.
La decisión se produce sorpresivamente el primer día de la campaña de cara a las cruciales elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, que fueron convocadas por el Ejecutivo español de Mariano Rajoy tras abortarse la secesión mediante la intervención de la región.

En su resolución, el juez Pablo Llarena explicó que adopta la medida para evitar que los dirigentes catalanes huidos se beneficien con respecto a los demás imputados por delitos de rebelión, sedición y malversación por su intento fallido de llevar a Cataluña a la secesión.
 
El magistrado español pidió que se comunique a las autoridades belgas la retirada inmediata de la orden europea de detención y de cualquier otra medida restrictiva de libertad a la que puedan haber sido sometidos Puigdemont y los ex consejeros Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.
A nivel jurídico, Llarena explicó que tras asumir recientemente la investigación de la causa sobre el proceso de secesión catalán era conveniente revisar la situación personal de los distintos investigados, y en general, la eficacia de las órdenes de búsqueda y captura.
 
En ese sentido, el juez sostiene que valora un cambio de escenario, con los cruciales elecciones del 21 de diciembre en el horizonte, subraya el hecho de que "los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente".
Además, señaló que se está investigando un delito de “naturaleza plurisubjetiva” dotado de unidad jurídica inseparable, lo que requiere una única contestación para evitar respuesta contradictoria. Es decir, del delito participaron todos los investigados en mayor o menor grado pero la deportación de las responsabilidades se debe hacer de manera unificada. "De este modo, el actual mantenimiento de las órdenes de detención, lejos de facilitar un adecuado desarrollo del proceso, puede introducir una restricción", señaló el juez.