El ex ministro de Planificación kirchnerista, Julio De Vido, volvió a reclamar el martes su excarcelación en la causa por la compra de gas natural licuado y consideró “ilegítima” la detención dispuesta por el juez Claudio Bonadio, la que atribuyó al “calendario electoral” y a “los vaivenes políticos del momento”. 

A través de su defensa, De Vido insistió en pedir su excarcelación en el marco de una audiencia celebrada el martes ante la Sala I de la Cámara Federal porteña, que, ahora, tiene un plazo de cinco días para expedirse en torno al planteo del ex funcionario, detenido actualmente en el penal de Marcos Paz. 

Allí también expuso los argumentos para insistir con un pedido de excarcelación de la defensa del también detenido Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal. 

En tanto, al fundamentar la decisión de apelar la negativa a conceder la excarcelación por parte del juez federal

Claudio Bonadio

, la defensa de De Vido (ejercida por los abogados Maximiliano Rusconi y Fabián Améndola) recordó que el ex funcionario y actual diputado nacional se presentó “mensualmente” ante el juzgado para comparecer y, así, “colaborar con la investigación”. 

Además, cuestionó el procesamiento con prisión preventiva dispuesto por Bonadío “a dos días de las elecciones generales legislativas nacionales, argumentando un supuesto peligro de entorpecimiento de la investigación o elusión, que durante los tres años previos jamás había vislumbrado”.

De hecho, la defensa de De Vido atribuyó la decisión de Bonadío a una medida “ajustada a un calendario electoral y a los vaivenes políticos del momento”, y consideró “un escándalo” los fundamentos citados por el magistrado para determinar la prisión preventiva, al sostener que, “de los dos lados del tablero, actualmente está siendo criticado por aquellos que pretenden el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales que deben regir en un Estado de Derecho”.

En los fundamentos, los abogados del ex ministro consideraron además “ilusoria la cifra millonaria que se ha venido repitiendo sin cansancio en los medios de comunicación, la cual ha sido desacreditada por gran cantidad de profesionales del rubro que ninguna relación tienen con nuestro asistido”.

Asimismo, De Vido juzgó a través de su defensa como “grave” la decisión del magistrado y dijo que, según esa medida, “cualquier persona que se encuentre tramitando un proceso penal sin siquiera haber sido indagado, debe ser sometido a la restricción de su libertad en pos de peligros abstractos nunca probados derivados de su calidad de funcionario público”.

Para la defensa del ex ministro, “la aplicación de dicho criterio conllevaría la injusta privación de la libertad de numerosos ex funcionarios y funcionarios actuales que, producto de la disputa político-judicial existente, acumulan cantidad de imputaciones en los Tribunales de Comodoro Py”. 

Finalmente, entendieron que “corresponde que se determine de manera inmediata la libertad del diputado nacional Julio Miguel De Vido” y se restablezcan de esta manera “los derechos y garantías que deben regir todo Estado de Derecho, antes de terminar de generar un descalabro jurídico que fulmine nuestro sistema tal como lo conociéramos”.

De Vido quedó detenido el 25 de octubre pasado luego de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara su desafuero y, en consecuencia, se hiciera efectiva la orden de arresto que había sido librada en dos causas, una de ellas la de gas licuado y, la otra, correspondiente al presunto desvío de fondos destinados a Yacimiento Carbonífero Río Turbio, que tramita en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez. 

En esa oportunidad, el ex ministro de Planificación Federal de la gestión kirchnerista llegó por sus propios medios a los Tribunales Federales de Comodoro Py acompañado por Rusconi y se entregó ante el juez Rodríguez. 

Luego de los trámites de rigor, el ex funcionario y actual diputado nacional sin uso de fueros fue trasladado al Hospital Penitenciario Central, en el penal de Ezeiza, para que se le realizaran los estudios de rigor. El legislador del Frente para la Victoria-PJ y ex funcionario, paciente diabético e insulinodependiente, pidió luego su traslado a Marcos Paz, que finalmente se concretó el viernes último, el mismo día en el que arribó al Hospital Penitenciario Central el ex vicepresidente Amado Boudou, luego de que el juez federal Ariel Lijo ordenara su detención en una causa en la que se lo investiga por su presunto enriquecimiento ilícito.