La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy el procesamiento por defraudación en la obra pública, además del embargo de 10 mil millones de pesos sobre Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto, a raíz de la gran cantidad de licitantes que se entregaron durante su gestión de gobierno en favor del empresario Lázaro Báez.

Fuentes judiciales informaron que la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, rechazaron tres recursos de quejas presentados dos de ellos por Lázaro Báez y un tercero de la ex Presidenta.

De esta manera, la ex máxima mandataria y ahora electa senadora nacional enfrenta otro revés judicial.Los camaristas rechazaron un pedido de la defensa de la senadora al igual que dos escritos presentados por Báez, quejándose del millonario embargo.

La ex presidenta deberá volver la semana entrante a los Tribunales de Comodoro Py para declarar en otra causa que al vincula al empresario constructor santacruceño. No será una partida sencilla, la Justicia confirmó el procesamiento por asociación ilícita y defraudación al Estado, como también el embargo de 10.000 millones de pesos sobre su patrimonio, ordenado en la causa que investiga el desvío de fondos de la obra pública vial a favor del Grupo Austral.

La Sala IV de Casación integrada por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, rechazó una presentación que hizo el abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex Presidenta, donde se oponían a la confirmación del procesamiento que realizó en septiembre, la Sala I de la Cámara Federal Porteña, sobre Cristina Kirchner, José López, Carlos Kirchner (primo del ex presidente) y el empresario Lázaro Báez, entre otros imputados.

En la causa en la que participaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se investigó el direccionamiento a través de "múltiples irregularidades administrativas", de 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos a favor del Grupo Austral. Los agravantes es que el 50% de las obras no se concluyeron, según el expediente, y los sobreprecios rondaron el 65% del valor original de las licitaciones. 

Recientemente, el fiscal Pollicita solicitó que más de 180 propiedades de todos los procesados en la causa sobre la corrupción en la obra pública, entre ellos la senadora de Unidad Ciudadana, pasen a manos de la justicia como parte del embargo de 10.000 millones de pesos dictados en esta investigación.

La medida sobre las propiedades se pidió a los fines de evitar que "se produzca un deterioro que conspira contra la garantía patrimonial", y por ello los fiscales pidieron que se disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles registrables.

El procesamiento confirmado por la Cámara Federal y que tuvo su respaldo en el Máximo Tribunal en materia penal, acusaba a la ex Presidenta de "perjudicar los intereses del Estado" y de generar una nueva persona, una comunidad estable y espuria que, valiéndose de la legitimidad de la que gozan los actos del funcionario público, pusieron en marcha una maquinaria para detraer fondos del Estado a favor de uno de sus miembros, Lázaro Báez.