Por Luciano Bugner 

La campana volvió a sonar en la pelea del gobierno contra los sindicatos. El nuevo round tiene como protagonistas a las obras sociales, ya que la Oficina Anticorrupción (OA), comandada por Laura Alonso, avanzará sobre un mayor control en su manejo. “Son fondos millonarios de la gente, no de la oligarquía sindical”, argumentan.

En el otro rincón del cuadrilátero, los dirigentes se defienden: “Que primero investiguen a quienes nos gobiernan”. Desde la Oficina Anticorrupción le aclararon a “Crónica” que “el control existe, pero lo hace la Superintendencia de Salud, Por eso, el gabinete de Laura Alonso está estudiando cómo hacer para que ese control recaiga en la OA.

“Lo que se dispuso fue un equipo que, trabajando mediante basamentos legales, logre mayor transparencia y control de las obras sociales sindicales”. “Sorprende muchas veces el estilo de vida que algunos referentes manejan. Son fondos millonarios y estamos hablando de la plata de los trabajadores, de la gente que trabaja en una fábrica o un comercio y que aporta para su salud”, aclaró Alonso.

Si bien el avance no pasó a mayores, la Oficina Anticorrupción se encontraría trabajando en una reforma de la Ley de Ética Pública, “para generar la presentación pública de las declaraciones juradas de los titulares de las obras sociales y los jefes sindicales”, manifestó la ex diputada del PRO. De todas maneras, no se descarta que, en el corto plazo, alguna medida salga directamente de la esfera del Poder Ejecutivo Nacional.

“Un nuevo ataque”

Teniendo en cuenta las distintas intervenciones a los sindicatos y las constantes declaraciones contra la Confederación General del Trabajo (CGT), para Juan Pablo Brey (secretario general de Aeronavegantes) esto es “un nuevo ataque y apriete para el arco sindical”. En comunicación con “Crónica”, el referente de la Juventud y Niñez de la CGT subrayó que “nos controlan nuestros afiliados. Y además rendimos cuentas todos los años, teniendo una auditoría con la gente del servicio de salud”.

“Si existen las irregularidades -siguió-, está todo servido para que salgan a la luz, porque control hay”. Para Brey, “el gobierno cree que suma pegarle al sindicalismo” y se preguntó: “¿Por qué no hacen lo mismo con los funcionarios?”. Otro que se manifestó en contra de la nueva medida que se analiza desde Cambiemos fue Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN).

“Que Laurita Alonso investigue la corrupción del Estado. Y que investigue al gobierno, que la manda a ser policía”, dijo el referente de judiciales. Piumato, quien está “tranquilo porque no tengo obra social”, pidió igualmente que “investiguen a las prepagas. Esto que hacen es una historia vieja”.

A su vez, Omar Plaini, titular del sindicato de Canillitas, recordó la persecución gremial del gobierno aunque diferenció que “en la intervención que sufrí no había ninguna cuestión económica”.