La ONG denominada Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) presentó en las últimas horas nuevas denuncias contra el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). 

Piden que se lo investigue tanto por las sospechas que lo vinculan al Lava Jato, como por su papel en el mercado del fútbol y otras cuestiones, aparentemente sospechosas, en su declaración jurada. 

Cipce describe entre sus objetivos “lograr que el dinero que generan la corrupción y la delincuencia económica sea devuelto al Estado y utilizado para reparar el daño social causado”, dedicándose así a la persecución de la criminalidad económica. En este 

sentido, reclamó que se investigue la situación de Arribas, quien habría sido el beneficiario de cinco transferencias enviadas por Leonardo Meirelles, un operador financiero y cambiario condenado por la Justicia brasilera en la causa Lava Jato. El monto que habría recibido el titular de AFI en su cuenta de Credit Suisse rondaría los 600.000 dólares. 

Además de pedir que se averigüe su posible vinculación con el escándalo de corrupción en Brasil, Cipce destaca que la OA y la UIF deberían enfocarse en aparentes incompatibilidades en el ejercicio de la función pública e inconsistencias en la declaración jurada financiera y patrimonial de el funcionario. 

En tal sentido, la organización resaltó que Arribas continúa registrado en la AFA, junto con su hijo, como intermediario en la venta de jugadores. Y agregó que tuvo tres denuncias penales por evasión tributaria, y que sus declaraciones juradas están “incompletas” y tienen inconsistencias.  

“Ha tomado estado público que Arribas estaría realizando actividades particulares que podrían ser incompatibles con el cargo de director general de la Agencia Federal de Inteligencia”, según el Cipce, lo que afectaría la ética y la transparencia necesarias para el ejercicio de la función pública. 

El rol de un condenado 

Como se recordará, el juez federal Rodolfo Canicova Corral, a cargo de la denuncia de la diputada Elisa Carrió contra Arribas por sus su­puestos vínculos con Odebrecht y el caso Lava Jato de corrupción en 

Brasil, había advertido que no se podría hablar de sobornos porque el acusado no era funcionario público cuando recibió transferencias en su cuenta en Suiza.

El magistrado aclaró sin embargo que debe investigarse si Arribas actuó en nombre de un tercero, y explicó que, como se encuentra de vacaciones -su juzgado es subrogado por Sergio Torres-, aún no tomó contacto con la presentación que hizo Carrió, quien pidió investigar si el jefe de la AFI recibió en su cuenta en Suiza, en septiembre de 2013, transferencias por 600.000 dólares del operador de Odebrecht Leonardo Meirelles, condenado por la Justicia brasilera en el caso de corrupción Lava Jato.