Esta vez la intención es presionar por la sanción de una ley de emergencia social, que incrementaría en un 15% los montos de las asignaciones que distribuye el Estado y que ya cuenta con media sanción del Senado.

Si prosperara el proyecto opositor y se convirtiera en ley antes del 1° de diciembre, algo que resultaría difícil, su futuro tendría también destino de veto, arriesgan en el Gobierno.

Con la marcha como escenificación de su fortaleza, la CGT volverá a la carga con otros pedidos: exigir un pacto antidespidos hasta marzo de 2017 y solicitar la participación de los gremios en la elaboración del proyecto oficial para reformar el impuesto a las ganancias.

Estos dos puntos servirán para condicionar la antesala de lo que será la segunda mesa tripartita entre el Gobierno, la CGT y las principales cámaras empresariales del país, prevista para el lunes próximo en la Casa Rosada.

La alianza entre el sindicalismo peronista y los movimientos sociales esconde una intencionalidad: en su nueva etapa, sin un líder único, como lo era hasta hace poco el camionero Hugo Moyano, la CGT busca ampliar su radar de influencia y ser la garante de la paz social. Es un atajo solapado para aislar a los otros sectores que le disputan el control de la calle, como las dos CTA, la izquierda trotskista y el kirchnerismo residual.

Antes de converger, cegetistas y piqueteros recorrieron un proceso de unificación con características similares. En ambos casos hubo una intromisión del papa Francisco a través del área de Pastoral Social de la Iglesia. En alerta por la masividad que pueda tener la marcha de esta tarde, el Gobierno tomó nota -no bien llegó al poder- de que alguna solución a largo plazo debería explorar para contener e incluir a desempleados, trabajadores informales y beneficiarios de planes sociales. Se trataría de un universo de unos seis millones de personas.

La solución de fondo, que sería la generación masiva de empleo, todavía no llegó.