El ex secretario de Obras Públicas, José López, era trasladado en la mañana de este miércoles a la provincia de Jujuy,  al darse curso a una solicitud cursada por el fiscal Gustavo Araya, quien imputó al ex funcionario en una causa en la que se investiga el presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales, la misma en la que también está procesada la dirigente de la Organización Tupac Amaru, Milagro Sala.

Además de Sala, que está detenida, son investigados el ex gobernador Eduardo Fellner, entre otros imputados.

"López sería la persona que, de acuerdo a los convenios que se firmaban entre Nación, la Unidad Ejecutora Provincial, provincia y municipios, debía controlar el destino de los fondos", señaló Araya, al anunciar la imputación contra López y el pedido de traslado para ser notificado personalmente de la causa.

López fue detenido en la madrugada del 14 de junio pasado, cuando intentaba ocultar en un monasterio de la localidad bonaerense de General Rodríguez bolsos con casi 9 millones de dólares, relojes de lujo y un arma. La causa está a cargo del juez Daniel Rafecas. 
El traslado de López desde el penal de Ezeiza fue rodeado por un importante operativo de seguridad, a cargo de Gendarmería y del Ministerio de Seguridad de la provincia de Jujuy,  bajo la tutela de Rafecas.

López está detenido a raíz de la causa por la que ahora Castro lo mandó a juicio oral y, también, está procesado y bajo prisión preventiva en el marco del expediente a cargo del juez federal Daniel Rafecas por presunto enriquecimiento ilícito.

En la causa en jurisdicción nacional, López es investigado junto a su esposa María Alejandra Díaz.
También están involucrados en el sumario por supuesto enriquecimiento ilícito Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, quienes aparecerían como propietarios de una casa en Dique Luján, en Tigre, que ocupaba López.

El juez federal Daniel Rafecas autorizó el traslado del ex secretario de Obras Públicas a Jujuy para notificarse de un expediente por presunta defraudación contra la administración pública por irregularidades en la construcción de viviendas sociales.