El procedimiento, que ya se contemplaba debido al riesgo que enfrentaban los ocupantes por la cercanía al río, avanzó con una serie de pedidos impulsados por los vecinos de Villa Parque Chacabuco, a partir del homicidio de Ramona Andrada, quien fue hallada sin vida en su domicilio a mediados de este mes.

Aunque la Policía de Catamarca esclareció rápidamente el suceso y detuvo al presunto autor del hecho -un hombre que a partir de su trabajo tenía acceso al domicilio de la víctima-, los vecinos insistieron en señalar un asentamiento como "foco de delincuencia".

Se iniciaron allí los trámites pertinentes, y se formalizó la denuncia por usurpación, tras lo cual siguió el protocolo legal para estos casos, solicitándose a los usurpadores que demostraran su pertenencia al lugar, sin que presentaran ningún comprobante de tenencia, pago de impuestos o servicios.

Ante la irregularidad, la Justicia ordenó el desalojo de las tierras, que se cumplió sin incidentes entre las 7 y las 9 de la mañana de ayer.

El desalojo alcanzó a un total de 40 personas -40 personas, no familias, como se informó erróneamente-, el 80 por ciento de las cuales eran jóvenes de entre 18 y 26 años, y sólo había unos pocos adultos mayores y menores.

Con presencia de áreas oficiales como Salud y Desarrollo Social, tomando todos los recaudos, la orden judicial se cumplió en dos prefabricadas y siete casas-rancho.

Guillermo Berber, de la Secretaria de Seguridad Democrática, precisó que "se trabajó con la colaboración de todos los organismos, pero todos tuvimos una intervención secundaria, ya que asistimos como auxiliares para actuar según lo determina la Justicia".

"El procedimiento avanzó con la situación totalmente controlada, y más cerca del mediodía se desalojaron cuatro viviendas más. Fue allí cuando, al tomar conocimiento del operativo judicial, llegaron más personas, y comenzaron a protestar contra la medida cuando en realidad no residían ni estaban en el lugar", precisó.

"Con el transcurrir de las horas, arribaron más familiares y amigos, de modo que tomó forma un conflicto singular, ya que se manifestaban contra el desalojo quienes no habían sido desalojados. Aparecieron incluso niños y una señora mayor con problemas de salud que no son del lugar y ni siquiera estaban durante el operativo", indicó Berber.

Las autoridades advierten detrás de esta reacción una manipulación con intencionalidad política, con un detalle evidente: los mismos actores que protestaban públicamente pidiendo el desalojo, con el argumento de que en el asentamiento se resguardaban delincuentes y se vendía droga; movilizan ahora a vecinos contra el desalojo que ellos mismos gestionaron.

Al margen de estos incidentes, el desalojo se concretó preservando los bienes y las personas, y la actuación siguió la orden emanada del Poder Judicial, que tiene el deber y la facultad de intervenir y resolver ante el delito de usurpación.