El juez, quien también preside de la Asociación Pensamiento Penal, en las últimas horas generó polémica cuando, en el sitio Cosecha Roja, expresó su orgullo en relación a la "opción de vida" de su hija, cultivadora y consumidora de cannabis.

"Yo estoy orgulloso de mi hija como persona; es responsable, solidaria, trabajadora y madre de un hijo, y dije que estaba orgulloso de ella y que respeto esa decisión de cultivar marihuana, no dije que esté orgulloso de que consuma. No estoy promoviendo el consumo", aclaró hoy el magistrado en declaraciones a Télam ante la polémica que suscitó la carta.

Sobre la repercusión que despertó su descargo advirtió que "suponía que iba a pasar" y ello "demuestra que la despenalización de las drogas es un tema de interés para la opinión pública y que debe ser debatido".

Es que en la publicación el juez afirma que una de sus cuatro hijas "es cultivadora y consumidora de cannabis", y sobre ello, comenta: "En otras épocas, quizá no tan remotas, esta circunstancia hubiese concitado la preocupación familiar, el temor a ver `a nuestros hijos´ sumidos en el vicio, frustrando su juventud. Hubiésemos consultado a 'especialistas' y, si mal no venía, la hubiésemos obligado a realizar un tratamiento (internación incluida) para encarrilar su vida".

En ese sentido, la carta agrega que lejos de esa postura, está orgulloso de su hija: "Tengo la certeza que difícilmente se verá involucrada en situaciones riesgosas relacionadas con las drogas".

Para el magistrado, su hija llamada Luz, también abogada y fundadora de una asociación de Cannabicultores, "no está haciendo ninguna cosa ilegal. Esto está dentro de una ley notoriamente inconstitucional declarada como tal hace 30 años por la Corte Suprema de Justicia en el caso Bazterrica, donde dice que la penalización de los consumidores es contraria a lo que dice la Constitución. Yo me guío por la doctrina constante de la Corte Suprema, no sólo por la tenencia de sustancias para cultivo personal sino para casos de cultivo para claramente uso medicinal".

Sobre su postura frente a la legalización de narcóticos, detalló que forma parte de un colectivo de 300 magistrados que el lunes pasado presentaron ante el Senado de la Nación un plan alternativo en materia de droga donde se reclamó la despenalización de la tenencia de sustancias para el consumo personal.

"A mí me da la impresión que la dirigencia política en general tiene cierta subestimación de la madurez del pueblo argentino, que entiende que no está preparado para asumir determinadas cuestiones conflictivas, y esa es una visión muy equivocada", advirtió.

En esa línea, dijo que "la clara demostración de que eso no es así la vemos si recordamos cuando en los años '80 se debatía la Ley de Divorcio, o luego con la Ley del Matrimonio Igualitario, cuando en realidad el pueblo argentino siempre ha estado muy por arriba de ese debate político. Legalizar determinadas sustancias no implicaría que la ciudadanía se vaya a volcar a drogarse de modo indiscriminado", agregó.

Sobre el "mejor modo de combatir el narcotráfico", el juez opinó que es siguiendo experiencias exitosas de otros países, como la "progresiva legalización de sustancias para entrar en mercados regulados donde el Estado pueda tener control de los consumos y decidiendo las políticas hasta poder regular las asistencias para casos problemáticos", ya que remarcó "resulta dificultoso que pueda convivir la criminalización con la asistencia en casos problemáticos".

Sobre cómo se enteró su hija cultivaba cannabis, el juez dijo que fue un proceso natural. "Ella es activista, y yo como juez y abogado he sostenido siempre una misma postura sobre el tema: que es incorrecta la penalización de los consumidores, yo como jurista y como padre pensé igual", añadió.

Aclaró que "no es consumidor" y que desconoce "cuántas plantas" tiene su hija, ya que destacó, "lo importante es que es para un uso personal", y añadió que ella asiste a personas "que tienen padecimientos severos y que encuentran en esta sustancia un remedio paliativo". En esa línea, subrayó como ejemplo que, en General Lamadrid, las autoridades han solicitado la autorización al Congreso de la Nación para ese uso. "Es un debate que se tiene que abrir", subrayó.