Menos de 10 días después de haber sido aceptada como querellante, la Oficina Anticorrupción (OA) hizo su primer movimiento concreto en la causa vigente sobre la tragedia de Once.

Tras las condenas de Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros, la Justicia ordenó investigar la presunta responsabilidad de Julio De Vido en el caso. Y contra ese ex funcionario apuntó el organismo que dirige Laura Alonso, el juez Claudio Bonadio procesó al ex ministro de Planificación por el caso y le trabó un embargo por 600 millones de pesos, pero el ahora diputado aseguró no tener bienes para cubrir ese monto.

Es a raíz de esa afirmación que la OA pidió que se le embargue el sueldo,  la oficina solicitó a la Dirección de Administración de la Cámara baja que "informe si percibe sus haberes ante ese organismo y en caso afirmativo, proceda a trabar embargo sobre los mimos hasta cubrir la suma", según el escrito al que accedió Infobae.

La dependencia que encabeza Alonso señaló que si se "determinase la existencia de bienes y dineros suficiente para cubrir el embargo impuesto, el imputado podrá solicitar la revocación o modificación de la medida dispuesta".

Al ordenar su procesamiento, Bonadio consideró que "la inacción de De Vido" posibilitó el choque de la formación del tren Sarmiento que causó 51 muertes.  Disconforme con la decisión, el legislador pidió luego que se aparte al juez de la causa, pero tal requerimiento fue rechazado por la Cámara Federal.