El juez federal Norberto Oyarbide decidió presentar su renuncia luego de más de dos décadas como magistrado y cuarenta años de carrera judicial, acorralado frente a la posibilidad de un juicio político en su contra, por parte del Consejo de la Magistratura.

El magistrado comunicó la decisión en primer lugar a sus empleados, con quienes comparte el trabajo en el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 5 de la Capital. Acto seguido, oficializó su decisión ante el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Justicia, que es la instancia que corresponde para este tipo de trámites.

Luego, ante la prensa, el controvertido juez señaló que su renuncia respondía a una "situación de agotamiento" y que "ahora necesitaba ahora otras cosas para su vida". También se empeñó en destacar que "jamás sufrió ningún tipo de presión" para condicionar sus decisiones.

Oyarbide hizo la presentación durante un encuentro que mantuvo con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, según fue informado de manera oficial a través de un comunicado.

Luego de presentada la renuncia "se inició formalmente el trámite", indicaron desde Justicia y remarcaron que "el Ministerio realizará los pedidos de informes correspondientes y la renuncia se enviará al Presidente de la Nación para ser aceptada, lo que se espera que suceda al 15 de abril".

Oyarbide, de 65 años, ya había iniciado su trámite jubilatorio hace un mes, justo después que el Consejo de la Magistratura lo citara por el artículo 20 (una especie de declaración indagatoria) en el marco de una denuncia por mal desempeño por levantar el allanamiento a una financiera tras el pedido de un funcionario nacional del anterior gobierno.

Norberto Mario Oyarbide, que nació en Concepción del Uruguay (provincia de Entre Ríos), llegó al Poder Judicial a mediados de 1976 y, luego de ser secretario y fiscal, fue nombrado juez federal en 1994 en la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Carlos Menem.

Oyarbide tuvo en 21 años de magistrado una fuerte exposición mediática, ligada a importantes causas en la que estuvieron involucrados funcionarios públicos, pero también a algunos escándalos como el que lo relacionó con el prostíbulo gay Spartacus, en 1998, o el anillo de diamantes que exhibió el año pasado.

El magistrado investigó a Carlos Menem por omitir una cuenta en Suiza, de la que luego lo sobreseyó; y a Néstor Kirchner por el aumento de su fortuna en un 158 por ciento, también sobreseído.

Además, le revocó la prisión domiciliaria a Jorge Rafael Videla, tuvo a su cargo la causa de la mafia de los medicamentos, por el que terminó preso el entonces jefe de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola; el caso Skanska, y también tuvo la denuncia contra Martín Redrado por incumplimiento de deberes de funcionario público y el espionaje telefónico en el gobierno porteño de Mauricio Macri.

Oyarbide impulsó el procesamiento de Macri en la causa por escuchas telefónicas, cuando el mandatario era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero la causa que lo llevaría a transitar el final de su carrera judicial fue la de frenar un allanamiento a una financiera en 2013 por un pedido de Carlos Liuzzi, el segundo del ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la coalición Unen denunciaron a Oyarbide por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, que es el órgano del Poder Judicial encargado de elegir, controlar y sancionar a los jueces.

La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura había citado a Oyarbide para que presentara su descargo el 5 de abril, por el artículo 20 del Reglamento que equivale a una declaración indagatoria, si se tratara de un proceso penal.

El juez se adelantó y presentó por escrito su descargo (puede hacerlo por escrito o en persona), y la Comisión que preside la consejera Adriana Donato (representante de los abogados de Capital Federal) ya se encuentra analizando la situación del magistrado.

La Comisión de Acusación necesita mayoría simple para la aprobación del juicio político, pero para que se constituya el jury de enjuiciamiento se requiere de la mayoría calificada de dos tercios (9 votos sobre un total de 13 miembros del Consejo).

En caso de que el plenario del Consejo iniciara un proceso acusatorio, se lo podría suspender, pero el trámite jubilatorio continuaría, porque “lo único que pone fin a un trámite disciplinario es una situación por la que la persona deja de ser juez", según explicó oportunamente a Télam el consejero Leónidas Moldes (representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura).

Por eso, si Oyarbide obtiene la jubilación o presenta la renuncia, y ésta es aceptada, el trámite disciplinario se caerá.