La Justicia decidió hoy reactivar la investigación de lavado de dinero en la causa por los fondos para la campaña de presidencial de 2007 de Cristina Fernández, al ratificar que es nulo el sobreseimiento que benefició al principal recaudador, el ex jefe de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) Héctor Capaccioli. La medida fue dispuesta por la Cámara Federal de Casación Penal, informaron fuentes judiciales en Tribunales.

Los sobreseimientos también se habían dictado para los dos responsables de los números de la campaña kirchnerista de 2007, el ex director de Lotería Nacional Hernán Diez y el ex legislador porteño del Frente para la Victoria Sebastián Gramajo, y para el empresario farmacéutico Gabriel Brito. 

Esa resolución había sido dictada en marzo de 2014 por el juez federal Norberto Oyarbide, en el marco de una investigación colateral por la causa de la llamada “mafia de los medicamentos”. Pero en septiembre de 2014 la Sala II de la Cámara Federal resolvió que ese fallo era “inexistente e ineficaz”, porque Oyarbide lo dictó cuando ese aspecto de la investigación (el tema del lavado de dinero) había sido derivado al expediente que se abrió en el juzgado de Ariel Lijo para saber si la campaña presidencial de Cristina Fernández se financió con fondos de empresas ligadas al rubro de salud que no pudieron justificar de dónde sacaron el dinero.

Precisamente, por esa situación la Cámara Federal denunció en el Consejo de la Magistratura a Oyarbide, pero los beneficiados con los sobreseimientos recurrieron ante Casación para intentar que quedara firme esa resolución. Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, con la disidencia de Ana María Figueroa, declararon inadmisible el recurso, según el fallo de Casación. Así, Casación dejó ahora en manos del juez Lijo la decisión de reimpulsar la investigación sobre esos imputados.

Cómo fue el caso

En esa investigación el empresario Brito aseguró que su empresa, Global Pharmacy SA, nunca entregó cuatro cheques por 310 mil pesos que el Frente para la Victoria había declarado ante la Justicia electoral como aporte voluntario a la campaña de Cristina Fernández. Según declaró, para justificar el ingreso de fondos, el FpV usó cheques que él le había entregado al empresario Néstor Lorenzo (dueño de la droguería San Javier y preso como presunto jefe de una asociación ilícita que traficaba remedios). Brito aseguró que había sido forzado a firmar ante una escribana que esos cheques habían sido entregados voluntariamente, y apuntó a Capaccioli.