El vicegobernador de la Provincia y ex titular de la Secretaría de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, se desvinculó de la denuncia pública realizada por empresarios y cooperativas de la construcción respecto a una deuda millonaria que mantiene la Secretaría con al menos catorce firmas.

Gutiérrez señaló que esa deuda no es personal, sino que "es de la Secretaría y se tiene que hacer cargo (Dante) López Rodríguez", con relación al administrador del IPV y funcionario a cargo de la Secretaría, ya que todavía no se designó un reemplazo para Gutiérrez.El Vicegobernador explicó además que él "en ningún momento dio órdenes para que no se pagara a alguna empresa" y reiteró que la deuda no es responsabilidad suya.

"Esa deuda la tiene que pagar Dante López Rodríguez. Pregúntenle a él si yo di alguna orden. Yo no puedo negarle el pago a nadie porque no tengo nada que ver con la Secretaría. Yo no di ninguna orden para que no se le pague a alguien, y tampoco tengo ningún interés en que se pague o no se le pague a alguien", expresó.

Además, cuestionó a los empresarios por la denuncia que realizaron e ironizó: "Es lo mismo que por ahí vengan algunos que tienen deudas de la Vicegobernación. No les puedo decir que lo vayan a buscar a (Dalmacio) Mera. Cada uno se hace responsable de lo que está y para lo que está, sino para qué se hace cargo", dijo el Vice, y volvió a reiterar que la deuda deberá pagarla el nuevo funcionario a cargo, López Rodríguez.

Molesto, Gutiérrez señaló que "sobre esto (deudas de la Secretaría de la Vivienda) no voy a hablar más, ya no tengo nada que ver" y de esta manera cortó el diálogo telefónico con El Ancasti.

El reclamo

El viernes, al menos catorce empresas constructoras y cooperativas locales firmaron un documento dirigido a la gobernadora Lucía Corpacci en el que denunciaron que la Secretaría de la Vivienda, durante la gestión de Octavio Gutiérrez, les generó una deuda "millonaria e incalculable" por certificados de obra y fondos de reparo que no se pagaron por obras entregadas y obras en ejecución en Capital, Capayán, Pomán, Saujil, Tinogasta, entre otras.

Frontera SRL, Pirka SRL, Cóndor Huasi, La Nueva Frontera SRL, Empresa Constructora Karina Alanís, RAC SRL, Empresa Constructora Jorge Lobo, Obras Catamarca, Empresa Constructora Felipe Navarro y las cooperativas 27 de Octubre, 20 de Marzo, Juan XXIII, La Luciérnaga y Renacer Catamarca fueron las que presentaron el documento, aunque aseguraron que en el interior provincial hay más empresas y cooperativas perjudicadas.
Fernando López Giménez, titular de Frontera SRL, señaló que le consta que, por orden del entonces secretario Gutiérrez, no se le pagaron certificados de obra. "Para poder terminar y entregar las obras entramos en deuda con nuestros proveedores, incluso con prestamistas. Sufrimos amenazas de todo tipo por el dinero que debemos y no tenemos para pagar porque la Secretaría no nos paga. Solamente a mí me deben más de dos millones", dijo López Giménez.

Los empresarios ya plantearon su reclamo a López Rodríguez, quien les había solicitado paciencia, pero siguen sin tener respuestas. El viernes los denunciantes se reunieron con el ministro de Gobierno y Justicia, Gustavo Saadi, y consiguieron el compromiso de investigar la situación, y señalaron que no se descartaba la posibilidad de la intervención de Fiscalía de Estado.