Andrada señaló que los jueces emitieron informes falsos, lo que constituiría el delito de “falsedad ideológica”, para justificar una escandalosa mora en la resolución de un amparo ambiental que hace 8 años no se activa.

La denuncia penal  se inició en el año 2006 para que se investigue una obra financiada con fondos de las regalías mineras que fue ampliamente publicitado durante la gestión del entonces intendente José Perea, denominado “Plan Director de Agua”.

 Pese a las denuncias sobre irregularidades en los procesos de adjudicación de las obras a empresas fantasmas, se inicio el trabajo de ensanchamiento del río y la destrucción de los canales de riego artesanales que, además del valor patrimonial histórico para la comunidad andalgalense, alimentaban miles de álamos, que eran a su vez barrera para el viento y reguladores de la temperatura en verano.