En ese marco, los ocho agentes del servicio fueron dados de baja por la empresa ASP a partir del 30 de diciembre pasado, luego de que se les hizo efectivo el pago de algunos haberes adeudados, restando que se les abonen tres meses, lo que –según el compromiso de las partes- se concretará en la primera quincena de enero.

Los trabajadores cesanteados tienen cifradas esperanzas de ser absorbidos por el Ministerio o por alguna empresa de seguridad local, a partir de que se supo que se llamaría a licitación para la prestación del mencionado servicio.

Cabe consignar que estos trabajadores cuentan con el apoyo de los profesionales del nosocomio que valoran el trabajo realizado, la responsabilidad y el compromiso para con la institución, puestas de manifiesto por esta gente, y por otra parte consideran que no se puede trabajar sin seguridad porque la casa es permanentemente víctima del vandalismo y la delincuencia.

Con respecto a ello, se supo que ya desaparecieron varios artículos del edificio, como las luces de emergencia, medicamentos y algunos muebles, sin mencionar que la gente entra y sale de las dependencias sin respetar zonas restringidas ni privadas, por la falta de personal de seguridad que controle el movimiento de gente en el interior del hospital y hasta parece que hay muchos temas que se escapan al control de los directivos.

Sería bueno que el Ministro Figueroa Castellanos, tome cartas en el asunto y de manera inmediata se apersone en el hospital de Andalgalá para evitar males mayores y daños irreparables o demasiado onerosos para el erario provincial.