El interventor de AFSCA, Agustín Garzón, echó este lunes a 15 empleados jerárquicos de AFSCA, mayoritariamente dirigentes políticos del partido Nuevo Encuentro, que fueron designados en su gestión y estaban en la primera línea del organismo que aplica la ley de medios audiovisuales. También analiza otros 55 nombramientos, que podrían darse de baja esta misma semana. 

Algunas de las personas que fueron cesanteadas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), son: Daniel Larrache, director de Gestión, Administración y Desarrollo de AFSCA, quien fue candidato a intendente de Ituzaingó por Nuevo Encuentro en las últimas elecciones y había trabajado como secretario de Planificación Estratégica y Administración General en Morón, cuando ese distrito lo gobernaba Nuevo Encuentro, el partido de Sabbatella.

También echaron a Sergio Zurano, director general de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de AFSCA y apoderado nacional de Nuevo Encuentro, quien previamente trabajó como secretario de Modernización de Morón; a Sebastián Rollandi, director de Relaciones Institucionales y Comunitarias de AFSCA y secretario de Relaciones Internacionales de Nuevo Encuentro; a Fernando Torrillate, director nacional de Imagen y Comunicación de AFSCA y secretario de Comunicación de Nuevo Encuentro, quien antes trabajó como director de Prensa de Morón; y a Gustavo Hurtado, director nacional de Delegaciones de AFSCA y secretario de Desarrollo Territorial de Nuevo Encuentro, quien antes trabajó como secretario de Salud de Morón.

El Gobierno intervino AFSCA la semana pasada, cuando ingresaron Agustín Garzón como interventor y el ex secretario de Medios porteño, Miguel de Godoy por decreto.

Junto con la intervención, este lunes se inició una auditoría sobre la gestión de Sabbatella, que comenzaron a realizar unos 20 empleados de la Sindicatura General de la Nación (SiGeN). Esa auditoría incluye las compras, contrataciones, juicios y la polémica política de recursos humanos de esa gestión, con más de 100 empleados contratados por Sabbatella, que aportaban el 8% de su sueldo bruto al partido político del presidente del organismo.