La madrugada del domingo, Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci se fugaron de la Unidad 30 de alta seguridad ubicado en General Alvear. Las irregularidades dentro del penal fueron muchas y abrieron las especulaciones sobre una posible complicidad dentro de la cárcel. En el puesto uno del portón de la Unidad 30 debería haber tres guardias, pero solo había uno. 

“Esto es una cama, acá no tendría que haber nadie, eso es lo que arreglamos”, dijo uno de de los prófugos según relató el guardia del portón. Pensaron emboscar a ese guardia pese a tener un arma de juguete, pero era riesgoso.

Sin embargo no tuvieron inconvenientes. El hombre no opuso resistencia. Era un Testigo de Jehová que no portaba armas porque su religión se lo impide.

El 5 de agosto la jueza de Ejecución Penal Nro 1 del Departamento Judicial de Mercedes, Marcela Otermín, ordenó reubicar a los hermanos Lanatta en el sector de “mayor vigilancia” del penal. Ese mismo día se envió un memorando al jefe del Complejo Penitenciario Zona Centro, Inspector Mayor, Jorge Bolo para que los coloque en donde haya un “registro fílmico permanente” y que “deberá adoptarse un servicio de custodia permanente e ininterrumpido, durante las 24 horas”.

El servicio debía contar con un oficial experimentado cuyo grado no fuera inferior a Alcalde Mayor acompañado de personal penitenciario subalterno.

Más adelante el memo indica que debe llevarse un libro con todas las novedades y que ese libro debía ser controlado y rubricado a diario por el jefe de Sección Vigilancia y Tratamiento.

El temor a que algo les sucediera era enorme. Días antes, las declaraciones de Martín Lanatta al programa PPT, habían conmocionado al SPB que se vio envuelto en un conflicto político. Que no le sucediera algo a los Lanatta era la prioridad.

El 21 de diciembre otro memorándum reforzó la seguridad en todos los penales permitiendo las requisas sorpresivas. Se pidió que se intensifiquen las recorridas y que aumente el personal de recargo. Pero la fuga ocurrió igual.