Bajo la sospecha de que el hotel de la familia presidencial, Alto Calafate, se utilizó como forma de lavar activos financieros, provenientes de la obra pública, de Aerolíneas Argentinas y otras vertientes aún no declaradas, el fiscal Carlos Stornelli a cargo de la causa “Hotesur”, le solicitó al juez Daniel Rafecas, una serie de medidas probatorias contables sobre las pruebas financieras sobre la contabilidad de los hoteles K, ya obtenidas por Bonadío.

Ese magistrado quería saber si la cadena hotelera K se usó para lavar dinero de la corrupción, señala el periodista Nicolás Wiñasky hoy en Clarín.

Para determinar si se han adulterado documentación contable, el fiscal pidió “someter” a una pericia caligráfica a los libros societarios de Hotesur, para “determinar la data” de las “inscripciones manuscritas que estos contuvieran” para saber si “corresponden o no a un mismo puño escritor”. También pidió que la Inspección General de Justicia (IGJ) le remita todos los antecedentes registrales de la sociedad Hotesur.

Toda la mentira y la corrupción se deshace ante las primeras señales emergidas de la justicia, al no tener ya la presión del Ejecutivo encima. Esta es una de las causas más claras y de fácil comprobación que hay sobre la corrupción estatal y de gobierno en la Argentina. Los involucrados en esta causa tienen que atravesar graves acusaciones que van desde lavado de dinero, cohecho y sobreprecios, hasta fraude y adulteración de documentos públicos y libros contables.

Las cabezas visibles son: Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice, pero la cadena sigue y es muy importante.