El médico que designó Mauricio Macri para administrar el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,  Carlos Regazzoni, denunció a su antecesor, Luciano Di Cesare, por “defraudación contra la administración pública”.

Entre los principales focos que Regazzoni investiga por estas horas está la connivencia entre algunos centros de salud y las ex autoridades de la entidad.

Sobreprecios en la compra de medicamentos e irregularidades en las cápitas -así se llama a la derivación e internación de los afiliados- con los centros de salud.

Según confiaron fuentes cercanas a Regazzoni al diario La Nación, Di Cesare “dejó en funcionamiento una compleja red de corrupción para desarmar”. Incluso, el ex interventor mantendría una “vinculación directa con muchas empresas”. Ante este escenario, desde la nueva conducción del PAMI aseguraron que denunciarán todos los abusos que detecten.

Con unos 15.000 trabajadores -entre contratados y planta permanente-, Regazzoni tiene a su cargo una de las cajas más importantes del país. De $ 6.797.400.000 en 2007, pasará a administrar unos $ 82.000.000.000 el próximo año. Esto representa, detrás del gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, el quinto presupuesto más abultado de la Argentina.

Pese a los abultados recursos, Di Cesare dejó deudas millonarias con proveedores, en su mayoría instituciones públicas. “Tenemos un problema importante de financiamiento”, admitió el médico, quien aseguró que en los primeros seis meses de su gestión trabajará para recuperar económicamente al PAMI.

“Quiero recomponer la situación financiera y organizar las deudas”, sostuvo Regazzoni.