El artículo 200 de la Constitución de la provincia establece que el Ministerio Público, presidido por el procurador general de la Corte e integrado por los agentes fiscales y defensores, constituirá un cuerpo autónomo, que formará parte del Poder Judicial y gozará de sus garantías de independencia. Serán nombrados por el gobernador, con acuerdo del Senado y previa audiencia del Colegio de Abogados y de la Corte de Justicia, del mismo modo que los demás miembros del Poder Judicial.
Precisamente, el Ejecutivo no cumplimentó los requisitos constitucionales, ya que mandó los pliegos con los informes del Colegio de Abogados y del Consejo de la Magistratura, pero no así el informe de la Corte de Justicia. Si bien la comisión de Asuntos Constitucionales solicitó la información faltante al máximo órgano de Justicia local, éste la rechazó, mediante nota, al sostener que es facultad del Ejecutivo hacer el pedido de informe y no de la cámara de Senadores.
Ahora, el gobierno debe completar la documentación faltante y remitir nuevamente los pliegos de Morabito y Adet Caldelari para su tratamiento legislativo. Una vez que vuelva a tomar estado parlamentario, el Senado tendrá 30 días para aprobar o rechazar el nombramiento. Si no es tratado, quedará de manera efectiva la designación de los mencionados.
Si bien el período extraordinario finaliza el próximo 31 de marzo, desde la cámara alta provincial se remitió una nota a la gobernadora Lucía Corpacci pidiendo que lo extienda 30 días más, para continuar con el estudio de la Reforma de la Constitución y eventualmente, el pliego de los jueces, si el gobierno lo remite durante la ampliación de las sesiones.

Fuente El Esquiu.com